Y aunque no necesariamente vayan de la mano, ambos temas acaparan los debates en este distrito. Según datos que manejan dirigentes políticos y agrupaciones vecinales, unas 600 personas viven en asentamientos. Muchas otras –que resulta difícil cuantificar– lo hacen en construcciones abandonadas o están en situación de calle. El caso modelo es el asentamiento conocido como La Palangana, ubicado en un terreno lindero a la sede de la UADE, entre Ostende y Pinamar. Allí, en una serie de casillas de chapa y maderas, viven 13 familias y 32 niños. Cerca de la entrada principal de Ostende, se erige otro sector similar. Se trata del barrio conocido como “de los paraguayos”, donde varias familias pasan sus días en una zona beneficiada por la naturaleza (tiene un bosque de pinos) pero con una infraestructura por demás deficiente. A escasos metros, el municipio debió echar hace menos de un mes a un grupo de personas que se había instalado en un predio cercano a la Escuela N° 2. Algunos casos empezaron algunos años atrás, y ahora se repiten con asiduidad en el distrito. Según el Censo de 2010, Pinamar tiene 25.728 habitantes. Es decir, hoy cerca del 3% de la población son los denominados NBI (personas con necesidades básicas insatisfechas). Por entonces, las viviendas ascendían a 24.369, de las cuales sólo el 31,8% estaba habitado (7.744) y el 36,7% contaba con desagüe cloacal. Hoy se estima que al menos cien casas están usurpadas. Y entre los vecinos y comerciantes abundan las versiones sobre las razones del fenómeno. Un acuerdo oculto entre el gobierno nacional y el municipio para mudar hacia allí personas de asentamientos porteños y bonaerenses a cambio de dinero para obras, desplazamiento de punteros políticos y grupos organizados de extranjeros, son algunas de las conjeturas. Hay quienes dicen haber visto camiones de Desarrollo Social dejar en el lugar chapas, colchones e incluso personas. Ante la consulta de PERFIL, el concejal Juan José dos Santos (FpV-Kolina) calificó de “fantasías” las versiones pero reconoció la reciente llegada de ayuda social por parte de la cartera de Alicia Kirchner. “El municipio hace periódicamente relevamientos. Luego, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación chequea esa información y distribuye la ayuda, como la que llegó hace dos días”, contó. Y explicó que las usurpaciones se deben a que “después de cada verano quedan cientos de personas creyendo que el éxito económico que tienen durante la temporada los va a acompañar todo el año. Es gente que viene a trabajar de lo que sea y en marzo choca contra una desocupación del 60%”. Para Daniel Jouffré, de la Asociación Vecinos en Alerta, “últimamente ha habido una proliferación de usurpaciones de terrenos. Pero no hay que olvidar que mucha de esta gente fue estafada con la venta ilegal de tierras” (ver aparte). Fuentes del municipio contaron que en unos meses harán un loteo de tierras donde instalarán viviendas sociales premoldeadas. Esas personas podrán pagar en cuotas el terreno y la propiedad se les entregará en comodato. Inseguridad. Paralelamente al problema habitacional, en Pinamar ha crecido la inseguridad. Fuentes municipales contaron que se estudia la creación de una fiscalía de usurpaciones. El Concejo Deliberante declaró esta semana la emergencia en seguridad para poder contar con otras fuerzas, como Gendarmería y Prefectura. También convirtieron en comisarías los destacamentos de Valeria del Mar, Ostende y Cariló, y la Guardia Urbana, dedicada antes a contravenciones, está destinada a impedir usurpaciones. En tanto, desde el Ministerio de Seguridad bonaerense explicaron a PERFIL que ya trabaja en la zona una brigada de investigaciones y que el Operativo Sol duplicará el número de agentes para este verano (habrá unos 10 mil). Fraude con terrenos Según vecinos de Pinamar, uno de los motivos por los que se ha incrementado la crisis habitacional en el distrito es la causa conocida como la “banda de los abogados”, en la que la Justicia investiga a un grupo de personas que detectaba terrenos con deudas impositivas y usurpaba la identidad de sus propietarios para luego venderlos en cuotas y a precios irrisorios a decenas de personas. Las primeras operaciones se realizaron en 2007 de manera aislada. Pero a partir de 2010 y hasta el año pasado, cuando fue desbaratada por la Justicia, la banda habría realizado no menos de cincuenta ventas. A mediados de septiembre de 2013 la Justicia sincronizó una serie de allanamientos en los que fueron detenidas nueve personas, entre ellas cuatro abogados y dos gestores. La Justicia sospecha, además, que la banda tenía una conexión con la Dirección de Catastro municipal, ya que ofrecía terrenos con abultadas deudas, presumiendo que sus dueños habían muerto.