La presentación va en línea con lo establecido en la ley 14.783, sancionada el 7 de septiembre de 2015 y reglamentada mediante decreto 1.473/2019, que establece que el sector público de la provincia de Buenos Aires debe ocupar, en una proporción no inferior al 1% de la totalidad de su personal, a personas travestis, transexuales y transgénero que reúnan las condiciones de idoneidad para el cargo y establecer reservas de puestos de trabajo a ser exclusivamente ocupados por ellas, con el fin de promover la igualdad real de oportunidades en el empleo público.

“Entendemos que a casi cinco años de sancionada la ley 14.783 en nuestra provincia, y a la luz del reciente decreto nacional 721/2020 que establece la implementación del cupo laboral travesti-trans en el sector público nacional, resulta urgente y necesaria la implementación de acciones positivas que permitan comenzar a revertir la situación de vulnerabilidad de un sector de la población con el que el Estado y la sociedad tienen una deuda impostergable”, expresa la AJB en su presentación.

El escrito remarca además que la ausencia de una regulación en el ámbito del Poder Judicial provincial que efectivice la aplicación de dicho cupo motivó que la Asociación Judicial Bonaerense haya requerido formalmente a la Suprema Corte en diferentes oportunidades la puesta en vigencia de la ley y la creación del registro de aspirantes, reclamo que fuera acompañado por la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT), mediante nota cursada a la Suprema Corte el 23 de agosto de 2019.

En esa línea, resaltaron que al superar el Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires los 27.000 integrantes, en la actualidad este beneficio debería alcanzar a no menos de 270 personas.

Por otra parte, la AJB destaca en su presentación que los relevamientos efectuados sobre la situación laboral de este colectivo “han permitido mostrar una situación de elevada precariedad, registrando un 80% de informalidad laboral en el marco de actividades vinculadas a la prostitución y otras actividades de frágil estabilidad y de trabajo no formal, consignándose además que siete de cada diez personas trans buscan otra fuente de ingreso y ocho de cada diez declaran que su identidad les dificulta esa búsqueda”.

Finalmente el gremio reitera el requerimiento de una convocatoria “a una mesa de diálogo a fin de abordar temáticas de género que resultan de urgente tratamiento, tales como el seguimiento de las licencias por violencia de género, la efectiva implementación de la ley Micaela en el Poder Judicial, la modificación de las licencias por cuidado y la ampliación de los lactarios en el Poder Judicial, como así también la implementación del área de políticas de género en el marco de la Suprema Corte, con participación de los y las trabajadoras”.

Caso testigo

En la misma presentación, la AJB solicitó al máximo Tribunal que se aborde en el ámbito de la mesa de trabajo solicitada la situación laboral de la compañera Gabriela Romanello -quien se desempeña como pasante en el Fuero Laboral del Departamento Judicial Lomas de Zamora-, en cuanto constituye un caso testigo de las circunstancias en las que se encuentran las personas trans en la sociedad.

Gabriela recientemente fue víctima de acciones violentas, discriminatorias y transfóbicas por parte del personal de seguridad de la Municipalidad de Cañuelas, que le impidió el acceso a un edificio público, lugar en el que además desempeña sus tareas.

“Expresamos nuestra solidaridad con Gabriela y repudiamos los actos de violencia de los que fuera víctima. A su vez, exigimos a las autoridades conductas claras que marquen un rumbo de respeto a los derechos humanos, en pos de la construcción de una sociedad más justa e inclusiva”, manifestaron desde la AJB.