Tres decretos

El primero de los cambios que de inmediato despertó fuertes dudas en la oposición trascendió a partir de tres Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) firmados por el presidente Mauricio Macri y que apunta a que los argentinos que viven en el exterior, las personas privadas de su libertad y los integrantes de todas las fuerzas de seguridad emitan su voto una semana antes de la fecha de los comicios y ya no más en forma presencial, sino por correspondencia.

El segundo cambio en el proceso, conlleva que cada escuela en donde la población concurra a votar se convierta en un centro de transmisión de datos para así poder agilizar los tiempos y homogeneizar la carga de los resultados en todo el territorio argentino.

El Gobierno ya presentó estas propuestas ante las autoridades de la Justicia Electoral y todavía debe comunicarle el proyecto a los demás partidos políticos que participarán del proceso. Sin embargo, la polémica ya se desató y va camino a judicializarse.

Los cambios

Ahora bien, ¿qué cambiaría con esto? Ocurre que hasta la última elección (las legislativas del 2017), una vez finalizados los comicios las autoridades de cada mesa dispuesta en los lugares de votación debían contar los votos y confeccionar un acta.

Cada uno de esos documentos eran transportados en vehículos hasta los denominados centros de transmisión electoral, alrededor de 400 locales del Correo Argentino donde los telegramas eran escaneados y las imágenes se enviaban finalmente a un centro de cómputos para contabilizar los votos y completar el escrutinio que determina el resultado de la elección.

De avanzar la intención del Gobierno, todo este proceso se acortaría a partir de la digitalización parcial y cada escuela funcionaría como un centro de transmisión de esos datos. Pero claro, los cuestionamientos sobre este punto surgen principalmente por la posible pérdida de transparencia pero esconden otra controversia: la empresa presuntamente a fín al macrismo que el Gobierno contrató para brindar el software necesario para trasmitir esos datos, una multinacional envuelta en escándalos internacionales por supuesta manipulación de los votos.

Transparencia en riesgo

La transmisión de datos del escrutinio provisorio, una millonaria licitación que el Correo Argentino adjudicó a fines del año pasado a la empresa multinacional SmartMatic, constituye uno de los principales cuestionamientos de la oposición bajo el argumento de que el proceso electoral ganaría agilidad, pero perdería transparencia.

Autoridades del Partido Justicialista adelantaron a LA CAPITAL que están dispuestos a llevar a la Justicia su rechazo a los cambios que promueve el Ejecutivo nacional para las próximas elecciones, no solo por estar en desacuerdo sino por considerar que la maniobra sería inconstitucional.

“No pasó por el Congreso”, afirman molestos desde este sector de la oposición y advierten que las modificaciones vulneran el Código Electoral ya que “tiene que ver con una cuestión legislativa; no con la potestad del Ejecutivo”.

Es que los cambios fueron anunciados a través de tres decretos firmados por el Presidente de la Nación y no a través de proyectos de ley enviados al Congreso para evaluar modificaciones en el sistema electoral. “Lo vamos a judicializar”, confirmaron.

El apoderado del PJ a nivel nacional, Daniel Landeau, pidió la autorización del Congreso nacional partidario para llevar el tema a la Justicia. “Hemos hecho los reclamos administrativos y es indispensable que este congreso se pronuncie rechazando los decretos y delegando en los apoderados del Partido Justicialista a accionar en consecuencia”, manifestó en el encuentro de la semana pasada. Fue respaldado por unanimidad y ahora se espera que avance en la presentación.

En tanto, desde el Partido Justicialista de Mar del Plata señalaron que “la Constitución exige una mayoría especial para poder modificar estas leyes” y además advirtieron: “Si permitimos que avancen con estas maniobras nos encontraríamos en un estado de indefensión y podríamos encaminarnos a un fraude”.

Votos no fiscalizados

Los decretos del presidente Mauricio Macri modifican principalmente los plazos y la forma de votación de los argentinos que viven en el exterior, los agentes de las fuerzas de seguridad y las personas que se encuentran privadas de su libertad en unidades carcelarias.

Entre estas tres poblaciones se calcula que hay alrededor de 700.000 mil personas en condiciones de votar, pero la polémica en torno a estos cambios pasa por la eventual pérdida de transparencia ante la escasa posibilidad de controlar los votos, que no serían fiscalizados.

“Esto va a afectar a un grupo muy grande de unas 700 mil personas de todo el país, para que voten por correspondencia”, manifestó el diputado provincial Rodolfo Iriart.

En cuanto a los privados de su libertad, entre quienes se calcula que hay unas 130.000 personas en condiciones de votar, el PJ entiende que “no hay razón para que voten por carta”, pero la cuestión central es que “de esta manera no hay fiscales de mesa ni autoridades partidarias”, lo que “hace imposible poder constatar a quién se elige”.

El argumento empleado para que los integrantes de las fuerzas de seguridad sufraguen por carta es que tienen de estar en movimiento de un lugar a otro.

Pero “así como figura en el decreto no hay posibilidad de ejercer control y el proceso pierde legitimidad”, dijo una fuente del peronismo consultada por este medio.

En cuanto a los 360 mil argentinos que residen en el exterior, votarían una semana antes y por carta, aunque “sin fiscales partidarios” y por ende “sin posibilidad de constatar los datos”, cuestionaron las autoridades del PJ local.