En un contexto en que la sociedad cuestiona cada vez más a la clase política y a los partidos como institución, la Cámara de Diputados aprobó la nueva ley sobre Financiamiento de los Partidos Políticos. La misma había obtenido media sanción del Senado en abril. Finalmente, el viernes pasado fue publicada en el Boletín Oficial. Llega para modificar las leyes 26.215 –financiamiento de los partidos políticos– y 19.945 –Código Electoral Nacional–.
“Entre los consensos alcanzados se destaca la bancarización del régimen de aportes; la creación de un registro de contribuciones y gastos en tiempo real; la habilitación de aportes de empresas, con topes; el registro de proveedores de publicidad en la vía pública y el perfeccionamiento de la regulación de la publicidad oficial y de actos de gobierno durante el período de campaña”, destacó la diputada Carla Pitiot.
Algunos de esos puntos son los mismos que llevaron a Daniel Arroyo a oponerse a la iniciativa. “Voté en contra porque habilita a empresas a aportar a la campaña. Creo que es correcto que particulares aporten y si alguien quiere acompañar a un partido lo puede hacer. Hoy en la política está la cancha inclinada”, precisó.
No sin antes aclarar que era necesaria la existencia de una nueva ley, el legislador fue muy crítico con la posibilidad de que las empresas hagan su aporte: “Fortalece el tema del lobby. Muchos países que tenían esos sistemas fueron para atrás. La empresa, si aporta, es para proteger intereses del rubro, del sector”, indicó.
Otro aspecto con el que está en desacuerdo, es la modificación en la pauta publicitaria. “Achica la posibilidad de que los partidos accedan a spots televisivos y a espacios publicitarios gratuitos. Eso también va a inclinar la cancha. La forma que los partidos políticos tienen para mostrarse es con la pauta publicitaria general”, manifestó Arroyo.
En ese sentido, la flamante norma reduce del 10% al 5% del total del espacio disponible el aporte que los medios audiovisuales hacen en las campañas y se regula la publicidad digital por medio de las redes sociales.
Pitiot consideró que “las modificaciones al régimen de financiamiento de los partidos políticos tuvieron en cuenta acuerdos con diferentes actores”. “De hecho –profundizó-, desde CIPPEC, Poder Ciudadano y la Red de Acción Política, organización que integro, impulsamos una solicitada en reclamo a la sanción de una norma que permita financiar eficientemente con equidad y transparencia las campañas”.
Desde CIPPEC, Carolina Tchintian, directora del Programa de Instituciones Políticas, consideró que el balance que realizan “tiene aspectos positivos y otros que estaría bueno volver a poner sobre la mesa para discutir tras las elecciones”.
“A nivel general, es sumamente positivo que se haya tratado el tema porque demuestra una verdadera preocupación por parte de la dirigencia sobre el tema financiamiento. Además, creemos que hay avances en la materia, como la prohibición de uso de dinero en efectivo. Esto generaba mucha opacidad en el sistema y una dificultad muy grande a la hora de hacer un control efectivo sobre cómo es el flujo de los fondos del financiamiento privado hacia la política”, aportó.
Otro aspecto que destacó es que “se prevé que privados deben declarar ante la Justicia Electoral sus aportes”. “La nueva legislación –agregó- dice que los aportantes deben hacer una especie de declaración jurada ante la Justicia Electoral cada vez que hagan un aporte a alguna campaña”.
"Los controles llegan tanto tiempo después, que es cuando los candidatos ya fueron electos", destacó Tchintian de CIPPEC.
De todas formas, indicó que “hay mucho por debatir y hacer para abonar a la transparencia”. ¿A qué hace referencia? “Esta ley todavía permite aportes privados con depósito bancario. Si bien es bancarizado, no permite la trazabilidad total del sistema. Va a haber una porción de eso que todavía puede estar vulnerable a no entender o a la dificultad en el control”, consideró Tchintian.
Por último, expresó que los controles ex post “no generan los incentivos adecuados de un régimen de financiamiento para mejorar la transparencia”. Para Tchintian, “los controles llegan tanto tiempo después, que es cuando los candidatos ya fueron electos. Los incentivos no ponen en juego lo que sería algo fundamental como la candidatura”.
Las encuestadoras también son alcanzadas por el proyecto: deberán inscribirse en un registro e informar quién las contrata y cuánto facturan por sus trabajos. Además, el texto incrementa el aporte que el Estado debe hacer a los partidos políticos para la impresión de boletas y establece el control y auditoría que la Cámara Electoral debe realizar sobre los informes de los partidos políticos, vinculados a sus gastos de campaña y a sus balances.
A la Justicia
Tras su publicación en el Boletín Oficial, el diputado nacional Nicolás del Caño y la legisladora porteña Myriam Bregman, del Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT), presentaron ante la Justicia un amparo contra la ley de financiamiento de los partidos políticos. Solicitan que se declare la inconstitucionalidad y una medida cautelar urgente para que se suspenda su aplicación para la campaña electoral del 2019.
