La Ciudad de Buenos Aires cuenta con varios Centros de Formación Profesional (CFP) que brindan herramientas a quienes no pudieron completar su educación formal, con el objetivo de prepararlos para afrontar las exigencias del mercado laboral. 

Como algunas de esas instituciones no tienen financiamiento del Estado porteño (ver Radiografía del programa) y, por lo tanto, sus clases no son gratuitas, la norma obliga a que se le otorguen becas a un 12% de las personas inscriptas en cada curso, como mínimo.

Sin embargo, la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires (AGCBA) detectó que ese piso no se cumple al menos en cinco de los Centros llamados conveniados sin financiamiento estatal.

El organismo de control, que aprobó el año pasado un informe sobre la iniciativa en base a datos de 2017, reveló que el incumplimiento en las becas se registró en el centro de la Asociación de Docentes de Educación Física, que no otorgó ningún beneficio pese a tener un total de 137 inscriptos. 

La Auditoría no pudo obtener datos sabre más de un tercio de los trabajadores de los Centros. 

Algo similar ocurrió en la Escuela Argentina de Automotores en donde, al momento de la investigación, contaba con una matrícula de 1.528 inscriptos y, en lugar de becar a 184 estudiantes -que equivaldrían al 12%- tenía solo tres beneficiarios.

Asimismo, la Escuela de Arte Gastronómico debía otorgar becas a 48 personas de sus 401 inscriptos, pero solo lo hizo con dos; el Instituto de Estudios para la Excelencia Competitiva tenía uno sobre 30 alumnos; y el centro de la Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (UTEDyC) contaba con una matrícula de 375 personas, pero no entregó las 45 ayudas correspondientes, sino solamente 13.

Radiografía del Programa

Cuando la Auditoría hizo su informe, había en la Ciudad 56 Centros de Formación Profesional. De ese total, 30 funcionaban mediante acuerdos de cooperación con sindicatos, cámaras empresarias, organizaciones gubernamentales y otras entidades. En estos casos, el financiamiento del personal y distintas tareas, como evaluaciones, acreditaciones y supervisiones, corrían por cuenta del Ministerio de Educación porteño. 

Además, nueve de las instituciones eran de las consideradas “propias”, es decir, centros en los que la administración y ejecución de gastos y recursos correspondían a la cartera local.

A su vez, había 17 centros, también con acuerdos de cooperación, pero sin financiamiento estatal. En este grupo fue donde la AGCBA detectó el incumplimiento de las becas.