En el expediente se detalla que La Suipachense incumplió el acuerdo preventivo homologado y “carece de toda generación de ingresos”, situación que derivó en la apertura directa de la quiebra. Durante su época de mayor expansión, la planta llegó a procesar 250.000 litros diarios de leche, pero ese volumen se redujo drásticamente hasta desaparecer.
El Banco Central registró más de 1.000 cheques rechazados por $8.500 millones, una cifra récord para el sector, mientras que ATILRA denunció salarios adeudados, despidos y pérdida total de proveedores. De los 140 trabajadores que dependían directamente de la empresa, ninguno conserva hoy tareas ni ingresos. En paralelo, los 180 tamberos que abastecían la planta interrumpieron los envíos por falta de pago.
El fallo también ordena la inmediata intervención judicial, la clausura con inventario de bienes, y habilita el uso de fuerza pública y cerrajero en caso de ser necesario para ingresar al predio. La sindicatura tendrá la tarea de inventariar activos, verificar créditos y organizar la liquidación para cubrir, en parte, el pasivo.