D´Alessandro se había tomado licencia hasta el 6 de abril pasado luego de quedar en el ojo de la tormenta por un viaje juntos a jueces y funcionarios del Poder Judicial a Lago Escondido.

“Todavía no hay nada confirmado, primero tengo que hablar con Marcelo D’Alessandro que es el actual ministro y es uno de los grandes responsables de que tengamos el nivel de delitos más bajo de la historia”, sostuvo Rodríguez Larreta en declaraciones radiales este lunes por la noche.

El ministro de licencia presentaría su renuncia formal y luego se procederá a confirmar a Burzaco en el cargo. Actualmente, el Ministerio de Seguridad está a cargo de la Jefatura de Gabinete, que lidera Felipe Miguel.

Luego del viaje a Lago Escondido, a la estancia de Joe Lewis, se filtraron chats de D´Alessandro con supuestas conversaciones con Silvio Robles, uno de los colaboradores más estrechos de Horacio Rosatti, presidente de la Corte Suprema de Justicia, y con el empresario Marcelo Violante, de las compañías Dakota y BRD, que tenía la concesión del servicio de acarreo en la Ciudad.

El funcionario negó que los chats fueras ciertos y acusó al oficialismo de una operación de espionaje en su contra.

En ese sentido, este martes fueron allanados cuatro domicilios en Misiones ligados al espionaje y robo de identidad de D´Alessandro. La Fiscalía Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas (UFEDYCI), a cargo de Daniela Dupuy, solicitó la realización del exhorto ante la jueza María Araceli Martínez para que el Juez con competencia en lo Penal en la localidad de El Dorado, Misiones, ordene el allanamiento de quienes podrían estar vinculados al robo de la línea telefónica y manipulación de conversaciones que el funcionario habría mantenido a través de Telegram.

La fiscal, además, requirió el secuestro de los dispositivos de almacenamiento informático, documentación y anotaciones que puedan estar vinculadas a la maniobra pesquisada.

Al momento, los sospechosos están acusados de delitos por daño agravado, violación de secretos y de la privacidad, difusión no autorizada de imágenes o grabaciones íntimas, suplantación digital de la identidad, entre otras acusaciones que puedan derivarse de la evidencia secuestrada.