El dictamen, aprobado por 40 votos a favor y 19 en contra, declinó la rendición de cuentas del resultado de la gestión del Presupuesto de 2016 que fue enviado al Congreso durante los últimos meses del Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y ejecutado por la administración de Juntos por el Cambio.

¿Qué es una Cuenta de Inversión?

El presupuesto nacional tiene tres etapas, la primera es de formulación y está prevista en el artículo 26 de la Ley de Administración Financiera, que establece que el proyecto deberá ser presentado por el Poder Ejecutivo a la Cámara de Diputados “antes del 15 de septiembre del año anterior al que regirá”.

La segunda es de ejecución, que va desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de cada año. Y la tercera es la de rendición de gastos, que se realiza mediante la llamada Cuenta de Inversión. Este instrumento es un informe, elaborado por la Contaduría General de la Nación, en el que el Poder Ejecutivo detalla qué hizo con los recursos y autorizaciones que el Legislativo puso a su disposición a través de la ley de leyes. 

Si el presupuesto expresa los objetivos de la política para satisfacer las demandas sociales, la Cuenta de Inversión reflejará el grado de cumplimiento de esas metas. Esta última etapa también tiene sus tiempos: de acuerdo a la norma ya mencionada, debe ser presentada ante al Congreso antes del 30 de junio del año siguiente al que corresponda. 

 

 

Por otro lado, la Constitución Nacional establece en su artículo 75 -inciso 8- que es el Parlamento, en representación de los ciudadanos, el que tiene la atribución de aprobar o desechar la cuenta de inversión; mientras que el artículo 85 dispone que la Auditoría General de la Nación (AGN) intervenga necesariamente en ese trámite.

El Senado de la Nación rechazó la cuenta de inversión que fue aprobada por la Auditoría General de la Nación, órgano encargado de su análisis, en agosto de 2018. El expediente sostuvo que "sin perjuicio de la realización de procedimientos dirigidos a la efectivización de las responsabilidades de los funcionarios".

Se revisó la ejecución presupuestaria y los estados contables del 2016. En el debate en el Colegio de Auditores, la auditora general Graciela de la Rosa criticó la utilización de los DNU, que según el informe aumentaron la ejecución presupuestaria un 41,12%, casi el doble que en 2015.

“El presupuesto fue aprobado antes de que este Gobierno -por el de Mauricio Macri- asumiera. Había notables desequilibrios macroeconómicos en ese momento con atraso de tarifas y tipo de cambio; con una inflación promedio de casi 30% y con un dólar paralelo superior en un 50% al habitual. La nueva administración pretendió normalizar el funcionamiento de la economía de manera gradual”, desarrolló en aquel momento el auditor general Jesús Rodríguez.