Situándonos en la perspectiva histórica del modelo de Estado que alentaban los países latinoamericanos - aún con sus diferencias -, estos gobiernos de facto cívicos militares, generaron inéditas formas de administrar la vida política, los intereses nacionales y las relaciones internacionales, destruyendo ese modelo “latinoamericano de gobierno y sus características económicas y socioculturales”.

El impacto más grave que producen estas dictaduras, es despojar al Estado de su naturaleza y acción política dando lugar a que la toma de decisiones se realicen en estructuras SUPRANACIONALES integradas por el CAPITALISMO INTERNACIONAL.

Estas prácticas deben entenderse ya en la década del 70, como un programa continental de dominación de los actores sociales y políticos, con el objetivo de imponer a la sociedad civil un drástico disciplinamiento.

Así entonces, se produjeron las condiciones que el informe Kissinger recomendaba. Bajo la figura del neoliberalismo instalado a sangre y fuego en la región mediante la militarización de los países, fue posible establecer las políticas de “privatizaciones, desregulaciones, liberalización de los mercados”, etc. lo cual debe entenderse como el objetivo máximo que fue DESMANTELAR EL ESTADO NACIONAL y sus espacios de pensamiento dirigidos al bienestar de las sociedades a través de su desarrollo y el crecimiento económico.

A modo de extender la comprensión de estos procesos, es conveniente repasar algunas ideas expresadas por sociólogos latinoamericanos que se pueden resumir en los siguientes conceptos:

Es imperativo señalar el carácter estratégico continental que adquirió en la década de 1990 y comienzos del 2000, el conjunto de transformaciones del Estado (cuyo emblema ideológico fueron las llamadas "reformas estructurales", las "modernizaciones del Estado" o el "consenso de Washington") necesarias para gestionar el ingreso de las economías nacionales a la plataforma estructural del capitalismo mundialmente integrado.

En cuanto a la descentralización del Estado, cuyo emblema es la posibilidad de fortalecimiento de la sociedad civil en la toma de decisiones políticas, habría que analizar de modo concreto si acaso no constituye un discurso que se encuentra cruzado, precisamente, por la pérdida de centralidad de la política respecto del mercado. Es decir, si acaso la retórica descentralizadora no es constitutiva, en términos generales, de la pérdida de politicidad de la sociedad respecto de las decisiones económicas, argumento que viene a reafirmar la idea de que las transformaciones del Estado latinoamericano son consustanciales a los intereses del sistema económico mundial.

Por último es válido también reflexionar sobre si son o no posibles que se produzcan nuevos golpes de estado en la región.

El reciente caso hondureño, o los intentos de golpe en Bolivia y Venezuela a lo largo de la primera década del siglo XXI (o el autogolpe de Estado de Fujimori, en 1992) parecieran constituir sólidos argumentos para desmentir la forma general de esta proposición. Más bien lo que ocurre es que el último acto contra el Estado latinoamericano coincide con un proceso radical de descentralización y despolitización del aparato estatal, teniendo como efecto la imposición de nuevas estructuras de control político. En efecto, el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial (en beneficio de las corporaciones multinacionales que promovía el Consenso de Washington) tienen hoy en día mayor injerencia en los proyectos políticos regionales que las decisiones promovidas por sus administraciones locales.

Surge de modo contundente que las “recomendaciones” que efectuara Kissinger en su informe, fueron tomadas Agenda Estratégica de Acción por la Secretarías de Estado de los sucesivos gobiernos estadounidenses hasta la fecha ya que con la apertura y desclasificación de algunos archivos de la CIA y otras Agencias detrás de este modelo “golpista militarizado” está la injerencia de los EEUU siempre con la complicidad y apoyo de las oligarquías nativas las que prestan sus hombres y recursos para estos fines.

No es posible obviar que además de la estrategia de “asegurarse” la disponibilidad de los recursos estratégicos, EEUU libraba su guerra fría con el bloque de Repúblicas Socialistas Soviéticas, por lo que en el marco de esta política intervencionista, se observa la estrategia de imponer su programa ideológico en América Latina. Para esos objetivos, desplegó instrumentos como la Doctrina de Seguridad Nacional la cual fue la base teórica que las Fuerzas Armadas Latinoamericanas adoptaron y ejecutaron en el contexto beligerante geopolítico reinante.

La difusión y adoctrinamiento de las Fuerzas Armadas se realizó mediante los “programas” de cooperación militar y su Escuela de las Américas. al que adhirieron casi todos los países del Hemisferio Sur Americano.

Analizando las acciones descritas en los puntos anteriores, nítidamente se ve cómo se articula el nuevo paradigma totalitario y descentralizador de las políticas gubernamentales con el adoctrinamiento de las fuerzas armadas como brazo ejecutor de este modelo.

También es notorio cómo se expresan estos lineamientos a través de las autodenominaciones que los militares adoptaron en cada golpe de Estado: Revolución Libertadora (Aramburu), Revolución Argentina (J. C. Onganía) y Proceso de Reorganización Nacional (Videla, Massera, Agosti).

La idea subyacente en todos estos hechos inconstitucionales, fue la de “Refundar las Naciones y Normalizar los desvíos ideológicos de los Estados”

Se imponía el “disciplinamiento social” mediante el sistema de terror social que imponían los militares suspendiendo las garantías constitucionales, los poderes republicanos y las leyes.

A los efectos del sustento argumental de estos acontecimientos que marcaron la vida política argentina, es dable señalar la participación de actores civiles en las distintas dictaduras sucedidas en Argentina.

Ya en 1974, Lucio Solari alertaba sobre el recrudecimiento de la acción represiva “antisubversiva” posibilitando la “participación” de las FFAA en el conflicto socio-político imperante, dando lugar al embrión de la formación del aparato represivo estatal. Una vez producido la ruptura del orden constitucional, se produce la sustitución de algunos civiles por efectivos militares en espacios políticos, siendo mayoritariamente la participación de civiles al frente de municipios como así también la permanencia o ascenso en la judicatura.

Un civil es designado en el Ministerio de Economía quien asume con funcionarios de su entorno empresarial-ideológico. Así entonces las decisiones estratégicas en el orden económico como son la política monetaria, el mercado de capitales y la profundización del modelo primario agroexportador quedan en manos de los representantes de las corporaciones económicas quienes se nuclearon en el Consejo de Empresarios de Argentina. Personaje central fue José Alfredo Martinez de Oz histórico representante de la oligarquía el ministro secundado por Guillermo W. Klein y otros destacados hombres nucleados en la Asamblea Permanente de Entidades Gremiales Empresarias quienes fueron, junto a la Sociedad Rural, los ideólogos y actores de paro empresarial del 16 de febrero de 1976 evento que fue la plataforma desde donde se lanzó el cruento golpe de estado en marzo de ese año. Sumaron apoyos de la Unión Industrial Argentina, CARBAP, Asociación de Bancos cuyo presidente Narciso Ocampo (dueño del banco Ganadero) aportará un plan de gobierno a la Junta Militar siendo su hijo, Juan Ocampo, presidente del Banco de la Nación Argentina.

Estas y otras organizaciones y grupos económicos (a los que deberá sumarse el apoyo de la cúpula eclesiástica como grupo de presión y poder en la vida social) participaron activamente en la toma de decisiones del Estado usurpado por las fuerzas armadas.

Esto permite reflexionar sobre la noción de participación civil en el gobierno de facto, situando a la misma como acotada cuando sólo se la ciñe bajo la categoría de “colaboración civil”. Se prefiere aquí hacer mención a una participación activa y directa, con responsabilidad real sobre las decisiones tomadas, y no simplemente de una mera colaboración.

Cabe señalar que estos lineamientos en la economía del país, eran los que EEUU “recomendaban” implementar a estos países para garantizar sus intereses estratégicos.

Carlos Blasco Junio 2021