El pronunciamiento de la Mesa Coordinadora señala en el documento que “en su compromiso con la democracia, la paz, la independencia económica y la justicia social, y frente a la constante y ya sistemática desestabilización política y económica de la República”, y ante los cambios ministeriales decididos por el presidente de la Nación, “ratifica su decisión indeclinable de exigir la derogación del Decreto 949/20, que no sólo limita sino que clausura la Soberanía Nacional del Pueblo Argentino sobre el Río Paraná y el Canal Magdalena”.

El comunicado denuncia “la sistemática acción disolvente que promueven los grupos de poder concentrado al servicio de la especulación internacional —locales y extranjeros— no sólo desestabiliza peligrosamente a la República Argentina, sino que el desquicio político es sostenido día a día y solamente por los medios de in-comunicación hiperconcentrados ya constituídos en cotidiano gobierno de facto”.

En otro de sus párrafos, el pronunciamiento de la Mesa Coordinadora, sostiene que “el desquicio político de los últimos meses ha alcanzado niveles de disolución y a la vez constituye un retorno de hecho a los ominosos tiempos en que la Argentina era una Colonia sometida a poderes extranjeros”, al tiempo que señala que “el actual apoderamiento del poder político nacional por parte de intereses coloniales que doblegan y someten a las autoridades elegidas por el pueblo, es un hecho ya indesmentible e indisimulable”.

Mas adelante el grupo de personalidades que integran la Mesa, entre quienes se encuentran Néstor Piccone, Luciano Orellano, Carlos Del Frade, Pedro Peretti, Oscar Verón, Horacio Tettamanti, Julio César Urien, Santiago Alí Brouchoud, y Mempo Giardinelli, denuncian que “la concentración de poder en manos de grupos privados nacionales y transnacionales, desde los años 90 a la fecha se concretó a través de concesiones y manejos bancarios y cambiarios que pusieron en manos privadas los principales resortes de gestión, planificación y control del Estado. Y asimismo deterioraron todas las empresas públicas, abusaron del sistema bancario nacional y debilitaron nuestro patrimonio público mediante la entrega de bienes naturales y explotaciones contrarias a los intereses del pueblo argentino”.

En comunicación con el medio InfoGEI. se indicó que, por tales razones, “la Mesa, en tanto sostiene que el desarrollo de una república democrática con distribución de riqueza, justicia y paz social, exige terminar definitivamente con la destrucción consciente, planificada y sistemática de nuestro modelo y de nuestros bienes. Que es lo que sucede hoy en la Argentina y es sin ninguna duda la causa básica y profunda de todas las desdichas y padecimientos de nuestro pueblo, el que de hecho vive hoy en un Estado privatizado casi idéntico al que impusieron las sucesivas dictaduras cívico-militares-eclesiásticas-empresariales que padeció la República en las últimas décadas del siglo pasado”, finaliza el comunicado.