Según datos oficiales más de 1,5 millones de personas en edad jubilatoria hoy no cuentan con los 30 años de aportes que exige la ley. De ese número, 906.876 tiene aportes, pero no los suficientes, y 680.724 no cuentan con aporte alguno.

Los números muestran que sólo 1 de cada 10 mujeres y 3 de cada 10 varones en edad jubilatoria están en condiciones de hacerlo. Dentro de este grupo, los que superan los 25 años de aportes (es decir, quienes podrían jubilarse ni bien cumplan la edad) se reduce a sólo 7 mujeres de cada 100 y 16 hombres de cada 100. Es decir, todo el universo restante requiere si o si de una moratoria para poder acceder a su jubilación.

La brecha de género es evidente y tiene su correlato en las desigualades estructurales presentes en el mercado laboral. Según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA1) solo el 6,6% de las mujeres de entre 55 a 59 años (de un total de 1.133.483) tiene entre 25 a 27 años de aportes, mientras que el 46,1% no cuenta con ningún aporte. En el caso de los varones, el porcentaje alcanza un 16% (sobre un total de 892.653).

Esta diferencia tiene su raíz en el modo en que las mujeres y varones participan en el mercado laboral. Si bien la informalidad y la desocupación son fenómenos que afectan al universo de trabajadores/as, históricamente las mujeres presentan sistemáticamente tasas más elevadas de informalidad y desempleo que los varones: participan menos del mercado laboral, con menos horas en el empleo formal y por ende menos ingresos registrados centralmente por ser quienes asumen la responsabilidad de las tareas domésticas y de cuidados. Luego, la historia laboral de cada persona trabajadora es lo que va a incidir en el acceso o no a los derechos previsionales.

Esto permite explicar que, para el año 2021 el 74,4% de quienes poseen una jubilación con moratoria son mujeres. Como dato adicional, si se consideran las jubilaciones de mujeres de marzo de 2022, el 85% de los casos lo hace vía moratoria.

Si se analiza a cada sector aportante, puede mencionarse que el sector privado, el sector público y los autónomos son los ámbitos con mayor cantidad de personas en condiciones de jubilarse, pero sólo alcanzan 18%, 36% y 20% respectivamente. A la vez, se percibe una crítica situación para monotributistas, monotributistas sociales y trabajadoras/es de casas particulares, donde sólo superan los 25 años de aportes 5,7% (11.922 casos), 0,06% (36 casos) y 0,1% respectivamente (103 casos).

Finalmente, y ante las voces críticas que indican que el sistema previsional “está quebrado” como resultado de la aplicación de esta política, es preciso destacar que los números no acompañan esa tesis.

Al tratarse de un sistema solidario e intergeneracional (no un régimen de capitalización) la sustentabilidad del sistema está directamente relacionada con las condiciones del mercado laboral. Aquellos trabajadores que se encuentran hoy en edad activa aportan para pagar jubilaciones de los trabajadores en edad pasiva.

Es por esto que, en aquellos períodos en los cuales hubo expansión de la actividad económica, aumento del empleo registrado y aumento de los salarios la sustentabilidad del sistema previsional (aquella parte que se financia exclusivamente con aportes y contribuciones) mejoró notablemente.

En el mismo informe citado anteriormente se presenta un análisis de la sustentabilidad del sistema previsional desde el año 2003 en adelante. Resumidamente los datos muestran que:

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  Durante los gobiernos kirchneristas (2003/2015) coincidiendo con las moratorias, el sistema previsional tuvo su mejor tasa de aportes y contribuciones. Hacia el 2002 el sistema contaba con un 52,7% de autofinanciación y alcanza su pico más alto en el año 2011 con un 70%. Hacia el 2015 la tasa de aportes y contribuciones era de 65%.

  
  


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  Durante la gestión de Cambiemos (2016/2019) hay una fuerte caída de la actividad económica, destrucción de puestos de trabajo y caída de los salarios que conducen a que la autofinanciación del sistema previsional caiga 16,6 puntos porcentuales. Hacia el 2019 solo un 48,4% era financiado por aportes (escenario incluso peor que el registrado en 2002).

  
  


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  Finalmente, el gobierno del Frente de Todos registra una caída máxima en el período de pandemia, pero la recuperación posterior fue notable y actualmente el sistema se financia en un 56% con aportes y contribuciones.

  
  

En línea con esto, del informe se desprende que “la moratoria se vuelve una herramienta indispensable para, por un lado, no penalizar dos veces a trabajadores/as informales y desocupados/as: en su vida activa, sin derechos laborales y, en su vida pasiva, con pensiones por vejez que otorgan menores ingresos que las jubilaciones. Y por el otro, mitigar la brecha de género existente en el sistema previsional”.