Simultáneamente, llevan un registro de 345 denuncias por violencia de género contra integrantes del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, de las Fuerzas de Seguridad y de la Iglesia Católica. En ese informe señalan: «Cuando reiteramos la consigna ’El Estado es responsable’, solemos referirnos a formas sistemáticas de complicidad, omisión y/o insuficiencia en las políticas para erradicar la violencia de género. La responsabilidad estatal encuentra en este registro de funcionarios denunciados su rostro más grotesco y encarnado. El poder político que el puesto les confiere aparece reforzando e incrementando posiciones de privilegio y dominio fundadas en estructuras de género desiguales. Ya no hablamos solo de un Estado ausente o ineficaz, sino de un Estado violento. Las denuncias alcanzan a jueces civiles y de familia, fiscales, comisarios, jefes de policía, es decir, agentes estatales que deberían estar implicados en prevenir las violencias, sancionar a quienes las ejercen y proteger a las víctimas.»

El Observatorio Lucía Pérez tiene registradas 41 denuncias a altos mandos de las fuerzas policiales, entre los que destacan el caso de Daiana Abregú, como «la expresión más extrema de la vulneración de derechos de las mujeres dentro del universo de la violencia institucional. «

Mientras tanto, la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, sigue presentando planes de acción para prevenir y atender la violencia de género, como si el ajuste fiscal que reclama el FMI y ejecuta el ministro Sergio Massa no existiera. Y desconociendo las estadísticas brutales de la violencia machista ejercida por las fuerzas represivas del Estado, incluyendo los femicidios perpetrados por sus miembros contra parejas y exparejas, se atreve a repetir que «solo con más Estado habrá menos violencia».

“La salida es colectiva, a partir de las posibilidades que solo ofrece un Estado presente con políticas públicas que promueven la igualdad y el abordaje integral de las violencias, y el trabajo articulado con los gobiernos de todos los niveles y las organizaciones sociales y comunitarias», dijo la ministra. El plan habla de prevención, asistencia y abordaje integral, protección y fortalecimiento del acceso a la Justicia, y gestión de la información, transparencia y monitoreo. Enuncia que estará atravesado por los ejes transversales de diversidad, interseccionalidad e interculturalidad, territorialidad y federalismo.

Un informe de 91 páginas de palabrerío, donde el apartado sobre el presupuesto que se destinará para su ejecución apenas ocupa media hoja. El único dato preciso que se informa en este capítulo es que se prevé un presupuesto para los dos años de implementación
del Plan, de poco más de 82 mil millones de pesos.

Un doble discurso que cada vez se muestra más endeble para millones de mujeres y familias empobrecidas por los tarifazos, la inflación, el ajuste fiscal y que ven, con indignación, que para este gobierno los únicos privilegiados son los mismos de siempre: los empresarios de las grandes industrias y los sectores más concentrados del agronegocio.