Las nominaciones de Lijo y García Mansilla son resistidas por la mayoría del arco político debido, principalmente, a la cuestión del cupo de género y a acusaciones sobre la idoneidad e imparcialidad de los magistrados. En ese marco, el nombramiento por decreto le traería a Milei una escandalosa solución.

“No lo sé, veremos, digamos, cómo evoluciona la dinámica del Poder Judicial. Yo transitoriamente resuelvo el problema y que después el Senado lo convalide o lo rechace”, mencionó después el Jefe de Estado en diálogo con Radio El Observador, y sumó: “Puede ser antes de fin de año, son las dinámicas del Poder Judicial, yo lo que tengo que hacer es sujetarme a las condiciones de la Constitución. Igual, digamos, el Congreso vuelve a abrir a principios de marzo…”.

Lo cierto es que los pliegos para la designación de los ministros están hace tiempo atascados en el Congreso y en el Gobierno Nacional hay dudas sobre si será capaz de conseguir los números necesarios para aprobar el doble nombramiento en los puestos abandonados por Elena Highton de Nolasco en 2021 y por Carlos Maqueda en diciembre, cuando cumplirá los 75 años. Al respecto, Unión por la Patria (UP) ya anticipó que rechazará las incorporaciones “en comisión” por tratarse de un mecanismo “inconstitucional” y “arbitrario”.