El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) realizó un informe sobre la ejecución presupuestaria de La Libertad Avanza durante todo 2024. Como conclusión, detectaron «una fuerte caída de la ejecución real respecto al mismo período del año 2023, del orden del -31%, lo cual implica un significativo ajuste del gasto público en áreas sensibles de la administración».

Dentro de un contexto de fuerte ajuste, sobresale el incremento interanual real del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, que lleva gastado 45 mil millones de pesos durante 2024. Además, remarcan el caso de la Secretaría de Inteligencia del Estado, dependiente de Presidencia de la Nación, la cual declaraba ejecutar 108 mil millones de pesos al mes de septiembre (tanto devengado como pagado), y actualmente sólo estima una ejecución acumulada de 47 mil millones de pesos durante todo el año. 

«El Gobierno deberá dar explicaciones de cómo hizo para dar marcha atrás con el devengamiento de un crédito, lo que implica un compromiso de pago; y aún más, ya que dichos montos figuraban “pagados”, es decir que ya se habían librado las órdenes de pago de la Tesorería General. ¿Devolvieron la plata o se imputaron dichos gastos a otros organismos o jurisdicciones de la Administración Pública Nacional?«, soslayan.

Más deuda, más ajuste, menos salud, menos hospitales

En paralelo, se verificó un gran peso de los servicios de deuda pública dentro de la estructura de gastos, de tal forma que dicha función representó nada menos que el 11% del total de gastos.

Al analizar el gasto por organismos públicos, se detectaron fuertes ajustes en la Superintendencia de Servicios de Salud (-69%), ANMAT (-21%), hospitales nacionales, e incluso en el Instituto Nacional del Cáncer (-55%) y la Agencia Nacional de Discapacidad (-17%). En el caso del Hospital de Salud Mental Laura Bonaparte, del cual el gobierno anunció su intención de cerrarlo, el ajuste interanual es de 25%.

Allí en las últimas horas anunciaron despidos a 200 de los 600 trabajadores del centro de salud. «Significa un tercio de los recursos humanos hospitalarios y en sectores asistenciales directos. Incluso con la escasez de psiquiatras que hay, están echando psiquiatras. Prácticamente voltearon a todos los que fueron contratados de 2019 en adelante», denunció Martín, un profesional del Bonaparte. Allí comenzaron con una ocupación pacífica.

La tuberculosis y el ajuste en la salud

En materia de salud existen programas críticos que están virtualmente paralizados por falta de fondos. Son los casos de “Acceso a Medicamentos, Insumos y Tecnología Médica” (-5%), “Respuesta al VIH, Infecciones de Transmisión Sexual, Hepatitis Virales, Tuberculosis y Lepra” (-47%), Atención Sanitaria en el Territorio (-96%), y el Fortalecimiento del Sistema Público de Salud (-51%).

Los programas de prevención de enfermedades no transmisibles, endémicas y patologías específicas sufren recortes de entre el 6% y el 82%. Destaca este mes el crecimiento del programa de prevención de enfermedades transmisibles e inmunoprevenibles de 10%.

Hay patologías críticas, como la tuberculosis. En 2023 se registraron en la Argentina unos 13 mil diagnósticos de tuberculosis. En 2024, más de 15 mil. La enfermedad está en aumento a nivel nacional, igual que en el resto del mundo, pero con el agravante local del crecimiento de la pobreza y de condiciones laborales menos controladas por un Estado ausente. En este contexto, el Ministerio de Salud de la Nación decidió eliminar la coordinación del área. Especialistas y organizaciones sociales alertan: “desatender estas cuestiones va a causar más muerte”.

El cierre de la Coordinación de Tuberculosis y Lepra forma parte del nuevo organigrama que estrenó la cartera que conduce Mario Lugones con el cambio de año, que incluyó la eliminación de 15 direcciones o dependencias de Salud. Entre ellas la de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (Dadse), blanco de reclamos y de un fallo judicial por las demoras en entregas de medicación oncológica a pacientes vulnerables desde el inicio de la gestión de Javier Milei.

Según el área que comanda Lugones, no se trata de cierres sino de “una reducción de cargos jerárquicos, con pase de funciones a otras áreas. Las labores siguen, se cae el ‘raviol’ o cargo”. En el caso de la Coordinación de Tuberculosis, dicen que “sus competencias siguen vigentes en la Dirección de Respuesta al VIH, ITS, hepatitis virales y tuberculosis”.

Para los espacios abocados a acompañar pacientes y trabajar para frenar el avance de la enfermedad, el cambio no es menor. “Veníamos trabajando fuertemente con la Coordinación en mejorar el acceso, los diagnósticos. Las personas a veces hacen tratamiento por otras patologías pero tienen tuberculosis; hay mucha gente en la calle que no llega al sistema de salud, en las cárceles hay mucha tuberculosis y se transmite a quienes cuidan y a los familiares. Trabajo hay un montón para hacer”, cuestionó Nancy Ballestin, del Observatorio Tuberculosis Argentina.

“Más allá de que algunas personas creen que la tuberculosis no está más, está aumentando y no solo en nuestro país. Si la gente abandona el tratamiento el bacilo se va a hacer resistente. Argentina aún no tiene mucha tuberculosis multirresistente. Perú y Bolivia, sí. Si eso avanza acá, estamos en el horno. ¿Quién va a estar atento a eso ahora? ¿Solo una persona a cargo para cuatro patologías?”, criticó la trabajadora social.

Hepatitis y medicamentos oncológicos

También ocurre lo propio con la hepatitis. La creación de un Programa Nacional de Hepatitis con una Coordinación específica se concretó en 2012, tras años de lucha. “Desde entonces tuvo a su cargo el diseño e implementación de políticas sanitarias de promoción, prevención, diagnóstico y tratamiento a nivel de todo el país. No contar con la Coordinación a nivel nacional generará una fragmentación en la implementación de estas acciones, ya que la responsabilidad recaería en otras áreas del sistema de salud que pueden no contar con los mismos recursos o enfoque especializado”, alertó María Eugenia De Feo, presidenta de la Fundación HCV Sin Fronteras.

Advirtió también que durante 2024 la “falta de insumos para diagnóstico a nivel nacional impactó de forma negativa en la realización de campañas que permiten la sensibilización de la comunidad”. Una ausencia grave, teniendo en cuenta que las hepatitis B y C afectan a más de 470.000 personas en el país pero solo el 30% conoce su diagnóstico.

La subejecución en la entrega de medicación a pacientes graves es otra cara cruel del ajuste: tras el fallo que obliga al Gobierno a entregar medicamentos a pacientes con cáncer y otras enfermedades graves por parte de la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (DADSE), el Ministerio de Salud de la Nación disolvió esa dirección.

Una semana después, dio a conocer un “nuevo reglamento para la provisión de medicamentos de alto costo y tratamientos especiales”.Desde la Alianza Argentina de Pacientes (ALAPA), una de las que impulsó el amparo colectivo que dio lugar al revés judicial para el Gobierno en las últimas horas de 2024, observaron: “Si pensamos que la resolución 1138 salió el mismo día que se ganó la cautelar, la verdad que es muy sospechoso”.

Abrazo a la salud pública

El martes, bajo un calor sofocante, profesionales de la salud, trabajadores sociales, referentes de organizaciones de la sociedad civil, pacientes y familiares abrazaron al Ministerio de Salud de la Nación para exigir un freno a las políticas de recorte que ya cerraron 15 direcciones y coordinaciones a nivel nacional, entre ellas las de tuberculosis, hepatitis, lepra y VIH.

“No se vende la salud, se defiende la salud” fue uno de los cánticos que más sonó durante la protesta, convocada para este martes a las 13 ante la sede del Ministerio nacional y con réplicas en distintos puntos del país. La concentración se realizó un día después de la presentación de una nota ante la cartera que conduce Mario Lugones, con más de 6000 adhesiones, para solicitar una reunión y un cese a los recortes de políticas públicas.

Foto: Juan Manuel Foglia NA

“Hubo una decisión política del Ministerio de Salud de la Nación de cerrar 15 coordinaciones que tienen que ver con la gestión de diversos problemas de salud de alta prevalencia, con la salud de la población. Fundamentalmente tomamos el caso de la tuberculosis: es una enfermedad que existe hoy en Argentina, sobre todo en los grandes conglomerados urbanos. En todo el país. Argentina tiene una de las tasas más altas en adolescencia y existe la tuberculosis infantil. Es una enfermedad que la produce la pobreza, la falta de trabajo. Y esto está en aumento. Ya aumentaron los casos un 11% desde el año pasado. Se cura, pero también se contagia y mata”, advirtió Horacio Boggiano, de la Asociación Metropolitana de Equipos de Salud (AMES), en declaraciones a radio Splendid.

“Lo que uno plantea es una política de Estado que garantice que los equipos de altísimo compromiso ético y profesional que estaban a cargo de la coordinación de cada área no sean eliminados por una cuestión de simpatía o no con el Gobierno Nacional. Y que se den cuenta que la motosierra no corta árboles, corta vidas”, lamentó. Boggiano señaló también que un equipo sobre tuberculosis mal gestionado “implica incertidumbre sobre acceso a medicamentos y un mayor costo económico, porque produce una forma multi-resistente de la enfermedad, para la cual los remedios cuestan 10 o 15 veces más. Por eso la consigna hoy es ‘no negociamos el derecho a la salud y a la vida’. Son políticas suicidas”.

Yuli Almirón, presidenta de la Asociación Postpolio Argentina, trabaja a diario en un puesto en la sede del Ministerio de Justicia, blanco de despidos durante todo el año pasado y de un desguace feroz desde el cambio de año. “Tengo un puesto ahí gracias a la ley 24.308, que nos otorga un espacio para poner un local dentro organismos del Estado a personas con discapacidad. Estas últimas semanas vemos a la gente entrar llorando. Eso me mató. Hace diez años que estoy ahí, es como mi familia esa gente. Tienen hijos, no saben cómo van a seguir”, lamentó en diálogo con Tiempo. Testigo de esas postales diarias, reclama también contra los recortes en materia sanitaria.

“Pedimos que dejen de recortar en salud, que tengan un poco más de empatía”, reclamó la mujer, quien además integra espacios de personas con discapacidad y jubilados. “El tema de los medicamentos es vital. Quienes tienen pensión no contributiva, que no alcanza para nada, no pueden comprar medicamentos. Tienen que dejar de tomar los que ahora son de venta libre porque no se los cubren”, cuestionó en diálogo con Tiempo. “En un momento en que hay mucha pobreza y las personas no se alimentan bien, esto es simplemente un genocidio”, definió.

Más ajuste

En materia científica la situación no es mejor, ya que se dieron fuertes caídas en la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología y otros organismos del sector como la CONAE, CONICET y CONEAU.

De acuerdo al informe de CEPA, los organismos de la Seguridad Social están sufriendo fuertes recortes en la ejecución de sus partidas presupuestarias. En el caso de la ANSES, organismo responsable de la Seguridad Social, el recorte llega al -17% respecto al año pasado. También se detectaron recortes del 69% en el INAES; y del 62% en la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia.

En un contexto recesivo y de caída de ingresos, los programas de Desarrollo Social no tienen el financiamiento necesario. El programa Potenciar Trabajo recorta un 85% de su ejecución. Situación similar vive el programa de Apoyo al Plan Nacional de Primera Infancia, con una caída del 81%. Finalmente, el programa de Comedores Comunitarios y Merenderos sufre un ajuste real del 75%.

En materia de desarrollo productivo, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, tiene un recorte del 97%, mientras que la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo cae un 73%. Otros organismos como el INTA e INTI también tiene caídas en su ejecución presupuestaria.

«Al analizar la ejecución con un grado mayor de desagregación, es decir por partidas programáticas, se observan caídas en los principales programas de la Seguridad Social. Entre ellos, se ajusta fuertemente la PUAM, Pensión Universal para el Adulto Mayor, con un ajuste del 38%; las pensiones no contributivas, con una caída del 23%, y las transferencias a la Seguridad Social y Organismos Descentralizados, fundamentalmente el PAMI, con un recorte del 60%», remarcaron en CEPA.

En materia educativa se observa fuertes caídas en la ejecución de partidas sensibles como el Fondo Nacional de Incentivo Docente (-98% en la ejecución base caja), el Programa Conectar Igualdad (-83%), las Becas Estudiantiles (-65%), y el programa de Infraestructura y Equipamiento de la Secretaría de Educación (-91%).

En materia de obra pública, el escenario es de una paralización casi total de las partidas presupuestarias. Y en materia de transferencias del Tesoro Nacional a las provincias y municipios, los ajustes son muy marcados, encabezados por el Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires (-100%), la Asistencia Financiera a Provincias y Municipios (-100%), y la Asistencia Técnica a Municipios (-90%).

Desde CEPA consluyen: «La situación general de la Administración Pública Nacional es de una fuerte reducción de su ejecución presupuestaria. Reducción que en algunos casos está llevando a la paralización de programas de alto impacto en términos sociales, y de salud de la población. Incluso en un escenario fuertemente recesivo, tampoco se están ejecutando programas de ayuda social, y de estímulo al desarrollo productivo».