Estuvieron las, siempre imprescindibles, marchas en evocación de fechas icónicas, como fueron las desbordantes concentraciones del 8 y del 24 de marzo. También, las que expresaron ese contenido precoz rechazo, apenas durante el primer mes y medio de la gestión libertaria, que varias veces lanzaron a las calles, en Diagonal Norte, Plaza Lavalle y Plaza Congreso, a los sectores claramente reactivos a la administración ultraderechista. Esta vez es distinto. Ante el cúmulo de políticas, discursos y gestos disparatadamente reaccionarios, entre muchos otros, contra las universidades públicas y el acceso igualitario a la educación y a la ciencia, una marea humana, social y políticamente heterogénea, se dispone a exhibir un meditado, profundo y emocional repudio al proyecto gubernamental, a poco más de cuatro meses de haberse iniciado.

No se trata de cualquier asunto. Es un tópico enormemente sensible, no sólo para las amplias clases medias y populares. El acceso a la instrucción de nivel superior es uno de los últimos recursos que validan las expectativas de mejoramiento personal, familiar y comunitario en la castigada sociedad argentina. El sistema universitario del país posee una extensión relevante: casi 3 millones de estudiantes cursan unas 12.000 carreras de pregrado, grado y posgrado en algunas de las 130 universidades. La mayor parte de ellas son, según lo pautado por la Reforma Universitaria de 1918 y sus sucesivas transformaciones, instituciones basadas en la gratuidad, la autonomía, la absoluta pluralidad de opinión y la libertad de cátedra, el cogobierno, el carácter laico y la extensión hacia la comunidad. Las entidades privadas ocupan sólo una franja acotada de este servicio educativo. Las universidades públicas argentinas, y su extensión en el campo de la investigación científica, el Conicet, tienen una consideración y un reconocimiento en todo el mundo por su calidad y excelencia. Contribuyen de manera aplastantemente mayoritaria, en comparación a las instituciones privadas, al desarrollo científico, en cualquiera de las variables que se tome en cuenta.

Todo esto, que históricamente mereció el orgullo, las esperanzas en clave civilizatoria y un principio de identidad en una parte del pueblo argentino, está siendo amenazado por la patrulla perdida, fanática y pertrechada de un liberalismo ultramontano, que ocupa circunstancialmente la Casa Rosada, ese reino actual de la improvisación, la insensatez y los intereses espurios vinculados a las clases dominantes. El líder carismático de La Libertad Retrocede, como es sabido, tuvo una carrera académica mediocre, incompleta y de irregular desempeño en entidades privadas, cuyos “logros” son hasta el momento desconocidos. Con su religión privatista y ultraindividualista, odia a la universidad pública. Con esa insolencia típica de la ignorancia, impugna el supuesto “adoctrinamiento” socialista que aquejaría a estas últimas. Desde la dictadura no se escuchaban semejantes idioteces y necedades, encubriendo un grave cuestionamiento al elemental pluralismo de ideas. La campaña no se detiene. El presidente, junto a sus risibles voceros y otros emprendedores del negocio periodístico capitalista, todos los días escupe injurias y datos falsos sobre la educación pública y las universidades. “Bertie” Benegas Lynch es la medida de la inteligencia y la sensibilidad de esta administración. La ausencia de funcionarios calificados y competentes en el área registra escasos antecedentes: es necesario recordar que todo, finalmente, está bajo el paraguas de un Ministerio de Capital Humano (sic) al frente de Sandra Pettovello, también con escasos títulos en la esfera privada, experta en reiki y consultorías psicológicas con el primer mandatario.

Lamentablemente, el desastre no se limita a los improperios y los desatinos de gestión. Se articula con toda una política “de Estado” que apunta a la asfixia presupuestaria, la cual alcanza niveles escandalosos. Pretende llevar a las universidades públicas a su ruina y, de modo estratégico, forzarlas a asumir desguaces, achicamientos, arancelamientos y demás vías que destruirían el clásico principio de gratuidad y acceso público. El reclamo de “auditorías” en los manejos de los fondos, que amplios sectores de la comunidad universitaria siempre exigen, adquiere el sentido de farsa y distracción en boca de un gobierno ya diluido en los rancios elencos provenientes de castas empresariales y políticas.

El gobierno de Milei aún confía en los datos de las encuestas que señalarían el mantenimiento de expectativa o apoyo por parte de su propio electorado. Se alimenta del recuerdo del estrepitoso fracaso del anterior ciclo político recientemente concluido, la dispersión e impotencia de las principales fuerzas opositoras y la natural concesión de tiempo que siempre se le brinda a una nueva gestión gubernamental. Se va agotando ese combustible y todo está sostenido en pies de barro. El libertarismo, completada la tercera parte de su primer año, ofrece sólo miserias: 90% de inflación, con atraso cambiario y amenaza de nuevos golpes devaluatorios; pulverización de salarios, jubilaciones y pensiones; aumento descomunal de los alquileres, tarifas de servicios públicos y transportes; acelerada recesión con estrepitosa caída del consumo que incrementa la desocupación y el cierre de pymes y comercios; derrumbe de la inversión privada y pública, con recortes brutales en todas las dimensiones de la vida económica, societaria y cultural. Para no hablar del giro increíble que está improvisando en la política exterior del país, arrasando con nociones básicas de soberanía, supeditándose a las fuerzas militares norteamericanas y apoyando con desvergüenza la masacre de palestinos por parte de Israel.

El inaudito ataque a la educación y la universidad públicas forma parte del espectáculo de este espantajo reaccionario en escena. Recibirá una respuesta el próximo martes. Quizás sea el catalizador de un nuevo ciclo de protestas, que despierte al país, derrote o debilite los planes destructivos en marcha y empiecen a alejarnos de esta decadencia que nos amenaza.