El candidato con más chances sería el abogado Ricardo Manuel Rojas, exsecretario letrado de la Corte y exjuez porteño, admirado por Milei por considerar la inflación como un delito.

Los cuestionamientos sobre Barra son numerosos, pero el detalle de mayor peso invocado por los portavoces libertarios es que en Casa Rosada no sabían que el procurador no vivía en Argentina. Durante el último año, el jefe de los abogados del Estado habría viajado más de 20 veces a Punta del Este, donde pasa la mayor parte del tiempo y donde estaría radicada su esposa. Si ese es el problema, la alternativa de Rojas no sería la más apropiada, ya que vive en Guatemala, donde es director del Departamento de Posgrado de la Universidad Francisco Marroquín. 

Más allá del tema residencia, Barra también es criticado por haber emitido un dictamen contrario a las premisas de la administración libertaria. Según detallaron fuentes de Casa Rosada, el funcionario favoreció a una empleada del Ministerio de Justicia que realizó una presentación judicial para pedir la impugnación de la decisión de esa cartera de recortar un incentivo complementario a los salarios. Barra tuvo particular protagonismo en los primeros meses de gobierno, cuando tuvo que ir al Congreso a defender la Ley Ómnibus. 

Sin embargo, durante los momentos claves de su actuación para encarrilar los deseos del presidente también fue cuestionado por no poder torcer la presentación judicial con la que la CGT logró frenar la reformar judicial en la Cámara del Trabajo. El procurador se había jactado de poder revertir el fallo de primera instancia, que finalmente fue ratificado en favor de la central obrera, que así consiguió frenar la reforma laboral que Milei intentó realizar por decreto. En esa batalla legal, además, el funcionario protagonizó un papelón cuando olvidó adjuntar los documentos que acreditaban que podía intervenir en el proceso y, de esa forma, llevar la discusión a la Corte Suprema.

Otra circunstancia que lo dejó en la mira de la Casa Rosada fue un dictamen que había formulado como “experto legal” a pedido de la defensa de la expresidenta Cristina Kirchner en el marco de la causa Vialidad. Un año antes de ser nombrado procurador del Tesoro, Barra había escrito un dictamen de 21 páginas en el que avalaba los argumentos expresados por la defensa de Cristina durante el juicio oral, respecto de que el jefe de Gabinete es el funcionario con la lapicera para ejecutar el Presupuesto Nacional y no el presidente.