En su momento, más de 1700 organizaciones sindicales, sociales, de derechos humanos, estudiantiles y políticas denunciaron ante la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el protocolo de orden público dispuesto por el Gobierno nacional.

'Junto a centrales sindicales, movimientos sociales, organismos de derechos humanos y cientos de organizaciones sociales, gremiales, estudiantiles y políticas, pedimos a los mecanismos internacionales que exijan al Estado argentino que cese la aplicación de las medidas que buscan impedir y reprimir las manifestaciones públicas. Las presentaciones también fueron acompañadas por más de 15.000 firmas individuales', informó el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

La ONU hizo un descargo sobre el protocolo de Bullrich

Ahora, el organismo reveló un documento que lleva las firmas de Clement Nyaletsossi Voule, el relator sobre los Derechos a la Libertad de Reunión Pacífica y de Asociación, Irene Khan, relatora sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión y Mary Lawlor, relatora especial de las Naciones Unidas sobre la situación de personas defensoras de derechos humanos.

Allí, desde la ONU le aconsejaron a la ministra de Seguridad que 'no imponga' a los argentinos las 'restricciones indebidas al derecho a la libertad de reunión pacífica”.

Además, hicieron hincapié en que 'el derecho a la reunión pacífica, junto con otros derechos conexos, constituye el fundamento mínimo de un sistema de gobierno participativo basado en la democracia, los derechos humanos, el respeto de la ley y el pluralismo'.

Uno de los temas que sobresalió en el comunicado fue el rol de las fuerzas de seguridad, uno de los puntos más cuestionados, y sostuvieron que 'la obligación de los agentes encargados de hacer cumplir la ley en una reunión no consiste primariamente en controlarla o restablecer el orden'.

Por eso, destacaron que 'su obligación inicial y principal es facilitar la protesta pacífica y el ejercicio de los derechos que en ella confluyen'.

Por otro lado, también mencionaron la participación de ciudadanos extranjeros en las marchas, y destacaron que todos tienen el derecho a reunirse pacíficamente 'tanto los ciudadanos como los no ciudadanos'.