No obstante, lo cierto es que se trata de una decisión del más más alto Tribunal de la República, intérprete final de la Constitución, que debe ser fielmente acatada.

En esas condiciones, cabe advertir que la implementación práctica de la sentencia no se encontrará exenta de dificultades.

En efecto, cabe hacerse las siguientes preguntas: ¿Cómo se resolverán los problemas derivados de la diferencia entre los sistemas de gestión de causas Lex 100 y EJE? ¿Qué impacto tendrá el uso de reglas procesales diferentes en el trámite de los expedientes? ¿Qué medidas se están considerando para superar los desafíos que genera la aplicación del fallo?

Para tratar de evitar perjuicios a los ciudadanos y a los abogados/as intervinientes, el CPACF requiere la composición urgente de una mesa de trabajo con los actores involucrados, en la que la abogacía tiene que estar presente para tratar de encontrar soluciones a los inconvenientes que se presenten.