Beatriz Busaniche, de la Fundación Vía Libre, analizó que el programa “parte de una concepción equivocada sobre cómo se deben abordar estas temáticas”. Entre otras cuestiones, la especialista en protección de datos personales aseguró que uno de los grandes problemas es confundir ciberseguridad con ciberdelito, ”trabajar todo como si fuera de corte criminal', y que todo se ponga bajo la órbita del Ministerio de Seguridad.

“Cuando hablamos de ciberseguridad, hablamos de la creación de fortalezas y capacidades de la institución de la cual se trate, en este caso el Estado, para proteger y mantener a resguardo los activos digitales, es decir, la información con la que se cuenta. La cuestión de ciberdelitos es muy distinta”, explicó. En este sentido, Busaniche aclaró que un ciberdelito es un delito que se comete a través de medios digitales, como computadoras, redes informáticas o dispositivos electrónicos. Los más conocidos son el robo de identidad, fraude electrónico, el acceso no autorizado a sistemas informáticos, ciberacoso y propagación de virus.

En relación al abordaje de ambos temas, reveló que en los últimos meses se creó un área de ciberseguridad con gente idónea y calificada, pero en un ámbito al cual no debería pertenecer, que es la Secretaría de Inteligencia. “Cuando se restauró el concepto de la SIDE, se creó esta agencia, pero no tiene nada que ver con los servicios de inteligencia. Una agencia debería tener un rango paralelo a la Jefatura de Gabinete de Ministros, que permita bajar línea política e inversión a todos los ministerios de la Administración Pública Nacional”, agregó Busaniche.

Para Busaniche las políticas de ciberseguridad en Argentina se encuentran “en un nivel de rezago importante”.

“Cuando uno mira las líneas de trabajo a nivel regional, nuestro país figura con las peores calificaciones en la materia”, remarcó y aclaró que esa situación sucede por la falta de políticas, de inversión y de no retener a personal capacitado. “No se dispone de una institucionalidad que permita tener una autoridad clara en materia de ciberseguridad”, sostuvo.

Los objetivos anunciados

Desde el Ministerio de Seguridad indicaron que mediante el ForCIC se elaborarán métricas específicas de la situación de ciberseguridad que puedan afectar las infraestructuras internas o de seguridad interior. También se trabajará en la coordinación, asistencia o asesoramiento técnico para la realización de las investigaciones que sean necesarias.

Por otra parte, se ejecutarán acciones tendientes a perfeccionar las tareas de investigación de ciberdelitos y optimizar la ciberseguridad. Y se instrumentarán mecanismos de comunicación y concientización acerca de la temática referida a los incidentes cibernéticos y del ciberdelito en el ámbito nacional e internacional.

Los últimos grandes ataques

Durante los festejos de Navidad, el Gobierno Nacional confirmó el hackeo de su sitio oficial Mi Argentina, así como también de la aplicación SUBE. En ambos ataques, se modificó el contenido y se pudieron ver mensajes en contra de la Presidencia de la Nación. También estuvo afectado el portal oficial de Gendarmería Nacional.

Los de diciembre no fueron los únicos ataques informáticos que sufrió el Gobierno durante 2024. En abril, se filtró una base de datos con alrededor de 6 millones de archivos con imágenes y datos de licencias de conducir. En aquel momento, a través de un comunicado de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), se detalló que se trató de un grupo de “hackers profesionales” que accedió a un “caudal acotado” de información que se utiliza para la confección de las licencias digitales. Lo llamativo en aquella oportunidad fue que el hacker publicó en la aplicación Telegram los archivos para comercializarlos. Para acceder al contenido, pedía 3.000 dólares.

El ataque a los sistemas informáticos de la ANSV, además, tenía la misma firma que el robo de 116.000 fotos de ciudadanos argentinos del Registro Nacional de las Personas (Renaper), que sucedió en 2021. Por aquel ataque al Renaper, se abrió un expediente a partir de una demanda penal, que al cabo de dos años aún no pudo determinar si el delito fue cometido por la persona dueña de ese usuario o si alguien externo robó el usuario y la contraseña. FUENTE: EL AUDITOR INFO.