Con la decisión gubernamental se resolvió la obligatoriedad del traspaso directo de aportes y contribuciones de los trabajadores, bajo relación de dependencia, a las empresas de la medicina prepaga. Al tiempo que los voceros oficiales remarcaron que esa disposición apunta a 'a terminar con la triangulación con las obras sociales'.
Al mismo tiempo en cuanto a las últimas definiciones que se tomaron desde Azopardo, solo destacan los pronunciamientos a favor de las disposiciones sobre derechos humanos, el respaldo a los investigadores científicos que desempeñan en organismos del Estado y la adhesión en general, luego un debate puertas adentro, sobre la marcha antifacista que se cumplió el sábado en la Ciudad.
Los jefes sindicales están atentos a los perjuicios que pueda desencadenar en la estructura de los sindicatos la decisión que los aportes de los afiliados que tengan credenciales de una prepaga, aún contando con una obra social, vayan directamente a la prepaga.  
El paradigma que analizó antes de emitir la resolución el Gobierno en cuanto a los fondos de las obras sociales es que los trabajadores cuentan con ese servicio que se establece desde que se otorga el alta para la la relación de dependencia. Actualmente, el empleador deriva los aportes al fisco, el cual después llega al esquema establecido por las organizaciones gremiales, los cuales suelen contar con contratos y convenios con las empresas prepagas que reciben los fondos. En esa triangulación, las obras sociales retienen un porcentaje que va del 3% al 10%, un sistema que abarca a más de 1.350.000 afiliados.
En la cartera de Salud bosquejan que en cuanto a la cantidad de beneficiarios los fondos representan un universo de $180.000.000 mensuales, más $42.000.000 mensuales por los subsidios automáticos por la prestación de servicio de las obras sociales, sea efectivos o derivados.