El juez otorgó al Gobierno provincial un plazo de 15 días para presentar una solución efectiva. La notificación recibida por el comisario Juan Ramón Catalano prohíbe mantener detenidos en la dependencia de San Pedro, lo que obligará al traslado de los reclusos, incluidos los implicados en las estafas piramidales de "La China", a la ciudad de San Nicolás. Según el documento judicial, los detenidos deben ser reubicados respetando el cupo habilitado de cuatro personas, previa autorización de los jueces correspondientes.

Testimonios recabados durante una inspección realizada en octubre de 2024 revelaron que la comisaría llegó a albergar hasta 20 personas simultáneamente, en condiciones de extrema precariedad. Se denunciaron requisas semanales calificadas como violatorias de derechos humanos. Informes periciales destacaron que el espacio, aunque considerado de tránsito, no reúne las condiciones mínimas de habitabilidad debido a su deterioro estructural, lo que imposibilita el alojamiento de detenidos bajo cualquier circunstancia.

Arreglos insuficientes

En 2022, el entonces ministro de Seguridad, Sergio Berni, entregó patrulleros y asignó 13 millones de pesos para refacciones. Sin embargo, los fondos se destinaron únicamente a pintura y trabajos eléctricos, dejando al edificio en un estado deplorable que afecta tanto a los detenidos como al personal policial.

Prohibición

En octubre pasado, otra resolución del juez Parodi prohibió a la DDI de San Nicolás alojar detenidos en sus instalaciones, generando complicaciones adicionales para las operaciones policiales en toda la jurisdicción.