Donald Trump comenzó su segundo mandato con una mentalidad imperial, intentando borrar los límites que definen su gobierno a las fronteras de Estados Unidos. Es por ello que intenta apoderarse de Groenlandia, tomar el control del canal de Panamá, cambiarle el nombre al golfo de México y exigirles a los miembros de la OTAN que suban las coutas de la organización.  Eso no significa esto que durante  su primer período la ideología fuera diferente, pero esta segunda vuelta trae a un Trump radicalizado, impune  a las propias leyes de su país.  

El nuevo presidente quiere saldar cuentas pendientes con los objetivos que se propuso  la primera vez que ocupó  la Casa Blanca. Tanto en la campaña de 2016, como en la de 2024, todo lo referido a América Latina era parte de una agenda negativa: criminalidad, narcotráfico, migración. 

En ese contexto, Trump ha anunciado lo que pretende ser la mayor deportación en la historia del país y una política de aranceles como estilo de amenazas para doblegar a varias naciones de América  Latina.

Sin embargo, el hombre de negocios no parece estar sacando muy bien las cuentas. ¿Cómo podría  impactar en la economía estadounidense la deportación de 11 millones de migrantes irregulares? ¿Es posible hacerlo? ¿Por qué supone  Donald Trump que no necesita a América Latina? En este reportaje nos acercamos a las respuestas.

 Los números no mienten

Una  investigación reciente publicada por el diario español El País señala que  uno de cada cuatro extranjeros en Estados Unidos es un migrante indocumentado. Al menos 11 millones de personas residen irregularmente por todo el país, y el 77% lo hace desde hace cinco años o más, según los datos del último censo de 2022.

Desde la segunda mitad del siglo pasado, América Latina ha sido la principal región emisora de migrantes hacia Estados Unidos.  Así lo explica en entrevista exclusiva para esta investigación  la doctora en Ciencias Históricas del Centro de Estudios Hemisféricos y sobre Estados Unidos de la Universidad de la Habana Dalia González.

“Ese flujo continuo se ha intensificado en los últimos años producto de diversos factores como crisis económica, violencia, pandemia de COVID- 19, desastres naturales, lo cual ha convertido la migración no solo como un desafío para los países de origen y destino sino también para los países de tránsito. Casi 9 millones de personas llegaron a las fronteras de Estados Unidos entre los años fiscales 2022 y 2024.”,considera la especialista cubana.

El presidente Trump ha reiterado en sus discursos que va a expulsar del país a los delincuentes que han entrado ilegalmente.  Sin embargo, menos del 4% de los indocumentados tienen antecedentes criminales. La pregunta es ¿cómo piensa distinguir a ese mínimo porciento? No lo hará. Las redadas que comenzaron en sus primeros días de gobierno  así lo confirman. 

“Trump una vez más está jugando con fuego (…) Es fácil decir: deporto solo a los delincuentes porque el papel lo aguanta todo pero la realidad es que no tienen un proceso judicial atrás para separar delincuentes de no delincuentes y al final lo que está haciendo Trump es deportar a los ilegales. Esto quiere decir que está sacando a personas que llevan años trabajando en Estados Unidos, aportando dentro de la economía, en espacios que si bien no son claves, el volumen sí lo es.”, explica el experto en geopolítica Luis Garvia Director al canal Negocios TV.

Esos espacios a los que se refiere el analista son aquellas áreas donde los trabajadores nativos estadounidenses son menos propensos a buscar empleo, pero que al mismo tiempo resultan vitales para la economía estadounidense. La construcción, la agricultura, el cuidado de los niños y ancianos, la industria de los servicios constituyen sectores que se verán seriamente afectadas por las masivas deportaciones.

“Todo ese costo de las obras de construcción paradas en Estados Unidos, de las calles que se van a quedar sin barrer, de la agricultura que se queda sin labradores, más el costo de los aviones, que ahora asumí yo en el caso colombiano, para transportar millones y millones de inmigrantes, con distancias diferentes según el país. Todo ese costo ¿va a impulsar la economía de los Estados Unidos o la a detener?”, cuestionó el presidente de Colombia Gustavo Petro. 

Esas mismas cuentas son las que, al parecer, no ha tenido en cuenta Trump. Pero la situación es mucho más profunda. De acuerdo con una investigación realizada en octubre de 2024 por la organización estadounidense  American Inmigration Council se calculó cuánto le costaría al país deportar a los 11 millones de migrantes irregulares que residen en Estados Unidos,  a lo cual sumaron otros 2.3 millones de personas que han cruzado la frontera sur de Estados Unidos sin estatus migratorio legal y fueron liberados por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) desde enero de 2023 hasta abril de 2024.

Teniendo en cuenta que es imposible deportar de una sola vez una cifra tan grande, los investigadores calcularon  el costo de un programa destinado a arrestar, detener, procesar y deportar a un millón de personas al año. “Incluso suponiendo que el 20 por ciento de la población indocumentada se autodeporte bajo un régimen de deportación masiva de años, estimamos que el costo final de una operación tan larga sería de 88 mil millones de dólares anuales, para un costo total de 967.9 mil millones de dólares en el transcurso de más de una década”[1]

La misma investigación también estima que  la deportación masiva resultaría en una reducción significativa de los ingresos fiscales para el gobierno de Estados Unidos. Solo en 2022, los hogares inmigrantes indocumentados pagaron 46 mil 800 millones de dólares en impuestos federales y 29.3 mil millones en impuestos estatales y locales. 

Es decir  Estados Unidos perdería no solo fuerza de trabajo en sectores indispensables para el funcionamiento de la sociedad, también se reduciría el número de contribuyentes.  The New York Times refirió  en un artículo que “más de un tercio de los impuestos pagados por los migrantes indocumentados se destinan a impuestos sobre las nóminas, que se usan para respaldar programas de derechos a los que estos trabajadores no tienen derecho a acceder”[2] Paradojas del sistema.

Estados Unidos no necesita a América Latina ¿Será así?

En una de sus últimas conferencias de prensa,  al ser interrogado sobre su futura relación con América Latina, el presidente estadounidense respondió “Nos necesitan mucho más de lo que nosotros los necesitamos a ellos. No los necesitamos.”

La postura de Trump no sorprende. “La proyección hacia América Latina refleja una política exterior que se enfrenta a una crisis de hegemonía y busca reconstruir el liderazgo estadounidense. En el  caso específico de Donald Trump es una política marcada por posturas muy unilaterales, poco dispuesta al diálogo”, argumenta la doctora en ciencias históricas Dalia González.

El presidente estadounidense ve a América Latina como una región dependiente, algo que ya ha sido parte de la interpretación de administraciones anteriores, pero en este caso, Trump asume una política de amenazas y piensa, erróneamente, que no habrá consecuencias por las medidas que está tomando.

La imposición de un 25 % de los aranceles a los productos de México, por ejemplo también afectará la economía de la sociedad estadounidense, teniendo en cuenta que  es el principal socio comercial del país.

“México es el principal exportador de productos finales como autos, computadoras, televisores y refrigeradores. Por ejemplo, de un día a otro, 12 millones de familias estadounidenses deberán pagar un 25 porciento más por su auto y unas 40 millones de familias estadounidenses deberán pagar el mismo incremento por sus computadoras procedentes de nuestro país”, explica el secretario de Economía de México , Marcelo Ebrard.

Una de las razones que esgrime el gobierno de Estados Unidos para ese incremento de los aranceles es culpar a México por el consumo de fentanilo que se ha expandido por Estados Unidos ante lo cual la mandataria  Claudia Sheinbaum respondió que el problema de las drogas no se resolverá con aranceles. “Si el gobierno de Estados Unidos y sus agencias quisieran atender el grave consumo de fentanilo en su país, pueden por ejemplo combatir la venta de estupefacientes en las calles de sus principales ciudades, lo que no hacen y el lavado de dinero que se genera por esta actividad ilegal que tanto daño ha hecho a su población.”

Por otro lado, Trump envió a su recién designado secretario de estado Marco Rubio de gira por varios países centroamericanos, donde una de las principales paradas fue Panamá. Si bien el presidente  José Raúl Mulino se mantuvo firme, aparentemente, respecto al control de su país sobre el canal, las últimas noticias dan cuenta que Panamá no renovará el acuerdo de entendimiento que firmó con China en 2017 en el marco de la Ruta de la Seda.  Es evidente que detrás de esta decisión están las presiones estadounidenses para dañar la presencia del gigante asiático en la región.

Otra de las crisis diplomáticas que se generó a raíz de las medidas ejecutivas de Trump  tuvo como epicentro Colombia. El presidente Gustavo Petro rechazó la llegada de sus connaciones esposados en aviones militares. Mientras el presidente estadounidense afirmó que en los aviones venían sólo criminales, asesinos y narcotraficantes, las autoridades colombianas comprobaron que ningún inmigrante deportado en dichos vuelos tenía antecedentes penales.

“Nada puede justificar el hecho de cazarlos como animales, enjaularlos y devolverlos esposados de pies y manos. En los vuelos venían niños” declaró el expresidente colombiano  Ernesto Samper en entrevista con el medio  El Gran Continent.

Sin embargo, al ver la respuesta del ejecutivo colombiano, el nuevo gobierno de Estados Unidos anunció prácticamente una guerra comercial contra  Bogotá que es el tercer mayor socio comercial de  Estados Unidos en América Latina.  Aunque las tensiones se lograron superar en cuestión de horas, quedó en evidencia que el modus operandi de Trump es aplicar sanciones, aranceles y todo tipo de medidas coercitivas para imponer sus objetivos.

Petro ha dejado claro que no aceptaran personas esposadas, porque el migrante no es delincuente. La actitud de criminalizar grupos poblacionales es fascista, enfatizó el jefe de estado colombiano en claro mensaje a la Casa Blanca. Los migrantes deben ser deportados en condiciones humanitarias.  Por tal razón  el presidente colombiano está enviando aviones para recoger a los migrantes y en una entrevista afirmó que de ser necesarios están dispuestos a mandar cruceros para recoger un mayor número de personas en menos viajes. 

En esa misma dirección reaccionó el gobierno de Lula en Brasil, que denunció las condiciones de los vuelos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), donde sus connacionales venían esposados de pies y manos  en violación de los acuerdos firmados entre ambos países. Lula tampoco demoró en afirmar que ante una subida aranceles su país tomará una medida recíproca con Estados Unidos.

Colombia también manifestó que se abrirá al comercio con otros mercados internacionales  y diversificará sus producciones ante una  hacia una eventual repetición de las tensiones con Washington. 

 Los casos de Cuba y Venezuela

Durante su mandato anterior  Donald Trump arreció la política de sanciones y bloqueo contra  Cuba y Venezuela, afectando en cada caso las economías y el nivel de vida de la población de ambos países. De hecho, fue esta una de las causas del aumento de  las oleadas migratorias por la ruta del Darién.

La política hacia  Caracas y la Habana no da señales de una mejoría, sino todo lo contrario sobre todo luego del nombramiento de Marco Rubio como secretario de estado,  pero en el caso de Venezuela, resulta paradójico que  Trump no reconozca al gobierno de Nicolás Maduro, pero mande a un enviado especial para dialogar con el actual mandatario venezolano. 

De las interioridades del encuentro se sabe muy poco, pero poco después de la reunión  el gobierno de Venezuela liberó a 6 estadounidenses detenidos en su territorio y  acordó asumir el trasporte para traer de regreso a los  migrantes venezolanos irregulares que están en territorio estadunidense.

Con Cuba, en las primeras 24 horas de su mandato Trump tomó la decisión, sin justificación alguna, de regresar a la isla a la lista de supuestos patrocinadores del terrorismo, de la cual Biden la había eliminado una semana antes de dejar el cargo. “En definitiva seguimos en esa lista, que ni siquiera debería existir y que no tiene legitimidad alguna pero que si tiene efectos prácticos para la economía cubana”, explica Dalia González.

Pero tan preocupante como esa medida fue el anuncio posterior de usar la ilegal base que mantiene  Washington en Guantánamo,  Cuba para un centro de detención que albergará a 30 mil  migrantes irregulares. Estados Unidos mantiene en la base naval su tristemente conocida cárcel para presuntos terroristas, donde se han registrado  durante más de 20 años casos de torturas .También se encuentra un centro de detención para los migrantes interceptados en el mar rumbo a Estados Unidos.  Pero los planes de Trump requerirán un cuantioso esfuerzo logístico extra para mantener a miles de migrantes por un tiempo indeterminado 

“Guantánamo es un agujero negro diseñado para escapar al escrutinio y con un oscuro historial de condiciones inhumanas. Es un intento transparente de evitar la supervisión legal que fracasará”[3], expresó a The York Times Lucas Guttentag, funcionario del Departamento de Justicia en el gobierno de Biden, quien en su momento dirigió la demanda sobre los refugiados haitianos recluidos en el lugar.

 La única salida es la integración

El nuevo inquilino de la Casa Blanca quiere ser recordado en los libros de historia de su país como el presidente que logró la mayor deportación que Estados Unidos haya visto. ¿Lo logrará? Eso aún es una interrogante cuya respuesta está en proceso de construcción.

Sin embargo durante el proceso, muchas cosas cambiarán. El aumento de las deportaciones va a generar una carga para los países emisores.  “Son naciones que deben reincorporar a personas que han vivido fuera durante años y carecen de redes económicas y sociales de apoyo en sus comunidades de origen”, argumenta la experta cubana.

Sin embargo Estados Unidos se quedará sin millones de personas que  representan cifras considerables de mano de obra en sectores donde los nativos no necesariamente llenarán ese vacío. Al mismo tiempo crecerá la inflación por las medidas arancelarias que  pretende imponer a sus socios comerciales en  América Latina.

Estados Unidos está atacando por separado. La  región tiene ante sí, el desafío de enfrentar todo lo que venga de la Casa Blanca de la única forma posible, uniendo fuerzas.

“Frente a esta incertidumbre, me parece que tenemos que organizarnos juntos, los países latinoamericanos. Si no nos encontraremos muy pronto en situaciones mucho más difíciles de las que conocemos en este momento. Es un campanazo para integrarnos.”, consideró el expresidente Ernesto Samper en  entrevista con El Gran Continent.

América  Latina tiene cerca de 10 organismos subregionales de integración que podrían encontrar  en la CELAC  un punto de convergencia para definir una posición común frente a la política de Trump.

La peligrosa postura del presidente estadounidense representa quizás  una oportunidad decisiva para que América  Latina deje de ser la región de las venas abiertas, pero todo depende de la necesaria unidad que hoy no existe. Se avecinan cuatro años duros.