Uno de los principales efectos de las políticas aplicadas por el gobierno de Milei ha sido el drástico recorte en las jubilaciones y pensiones. Según los informes oficiales, el gasto en jubilaciones se redujo un 12,5% en 2024 en términos reales, lo que implicó una caída considerable en el poder adquisitivo de los jubilados. Esto resultó en un aumento alarmante de la pobreza entre este grupo etario, que pasó de un 13,2% en 2023 a un 30,8% en 2024, lo que implica que más de medio millón de jubilados se sumaron a la pobreza en solo un año.

Además, los recortes no se limitaron a las jubilaciones. Las transferencias a las provincias también fueron significativamente reducidas, lo que afectó el financiamiento de los salarios de empleados públicos, incluidos docentes y policías, así como la ejecución de obras de infraestructura esenciales. El impacto de estas reducciones fue especialmente pronunciado en las provincias más desfavorecidas, que vieron una disminución de hasta el 75% en los recursos que reciben del gobierno central. Esta situación ha generado un aumento en la desigualdad entre las diferentes regiones del país, con algunas provincias quedando casi sin recursos para mantener servicios básicos.

El gobierno también ha reducido los subsidios económicos y los programas sociales, que son una fuente de apoyo para los sectores de menores ingresos. Estos recortes han afectado principalmente a las familias más vulnerables, que dependen de estas ayudas para cubrir sus necesidades básicas. En este sentido, los subsidios a servicios de energía y transporte, que tradicionalmente han sido una forma de alivio para los hogares de bajos ingresos, fueron recortados de manera significativa. Esto ha provocado un aumento en los costos de vida para las personas que ya enfrentaban dificultades económicas.

Aunque el gobierno de Milei ha argumentado que estos recortes son necesarios para equilibrar las cuentas fiscales del país, la realidad es que los ajustes han recaído principalmente sobre aquellos que menos tienen. Los sectores más favorecidos, como el sector financiero y las grandes empresas, no han experimentado recortes significativos. De hecho, mientras se recortaban los subsidios a los sectores más vulnerables, el gobierno de Milei mantenía políticas fiscales que beneficiaban a las grandes corporaciones y reducía impuestos para las empresas.

Este modelo de ajuste fiscal ha generado una creciente preocupación entre los analistas y expertos en economía, que advierten que la estrategia adoptada por el gobierno podría profundizar aún más las desigualdades sociales en Argentina. La caída de los ingresos fiscales, provocada por la recesión económica que el gobierno ha impulsado para controlar la inflación, augura un segundo ciclo de ajustes que, según las proyecciones, seguirá afectando principalmente a los sectores más pobres.

En resumen, el recorte de subsidios y ayudas sociales en Argentina bajo el gobierno de Javier Milei ha tenido un impacto devastador en los sectores más vulnerables, como jubilados, trabajadores públicos y personas dependientes de programas sociales. A medida que la economía sigue enfrentando dificultades, estos ajustes han exacerbado las desigualdades sociales y aumentado la pobreza, lo que podría tener consecuencias a largo plazo para la estabilidad y cohesión social en el país. La pregunta que queda por responder es si el gobierno podrá implementar políticas que equilibren la necesidad de ajustar las finanzas públicas sin continuar sacrificando a los más necesitados.