Más allá de la metáfora alimentaria para denostar a todos por algunos, método inductivo falsable que generaliza un caso a todos -lo cual, desde cualquier lógica rigurosa, es un error elemental-. no es un argumento legítimo.

Por lo tanto, corresponde hacer algunas aclaraciones sobre lo que están viviendo los empleados públicos. En este caso analizaremos la situación de manera asistemática y aleatoria, pero muchos empleados que trabajan o dejaron de trabajar en el Estado considerarán como real.

Varios de los 50.000 no fueron despedidos, sino que sus contratos no fueron renovados. A eso se les suma que los hicieron pasar por un examen cuya validez ex post termina siendo nula y sin ninguna necesidad.

La lógica discursiva es y ha sido la reducción del gasto público y el déficit fiscal tan repetitivo en los ciclos políticos y económicos de nuestro país. De todas maneras, los cálculos de lo que representan en el PBI son bajísimos. Es decir, se puede comprender la definición político-ideológica de la postura reduccionista, pero el efecto que tiene sobre las arcas públicas es escaso. Los cálculos más exagerados señalan que representa un 0,04% del PBI.

Los despidos no tuvieron una lógica basada en la necesidad o la productividad

La catalogación de “ñoquis” también deja un manto de sospecha sobre esos empleados. Los mismos pueden haber ingresado por necesidad, por deseo, por conocimiento de alguien, por alguna selección. La responsabilidad de las tareas que desarrollan (o desarrollaban) no recae en ellos mismos, sino en las autoridades que los coordinaban, en los proyectos políticos del momento o en las organizaciones que integraban. Lo que se busca es focalizar en el empleado como un blanco.

En ese sentido, descartamos al empleado como eje, al gasto como justificación macroeconómica y a la metáfora ñoquística como argumento válido. Tampoco los despidos tuvieron una lógica basada en la necesidad o la productividad y en varios casos impactaron en lugares en donde se estaban (y están) desarrollando tareas esenciales.

Pero veamos los efectos en los actuales empleados públicos, en este caso del Estado nacional. En principio aparece una advertencia disciplinadora a los que se quedan. “Si a ellos les pasó, a ustedes también les puede pasar”. El miedo como factor de control. Los sindicatos y gremios estatales hacen lo que pueden para contrarrestar ese ensañamiento, pero el temor paraliza, por el momento, cualquier forma de reclamo.

En ese marco, y siguiendo un modelo de análisis de la cultura aplicado a las organizaciones de la administración pública, se estaría mutando del tipo cultural apático al anómico.

En el tipo cultural apático, clásico de las administraciones burocráticas, se desea mantener las cosas como están, se da importancia a las reglas y procedimientos, hay prudencia en la gestión, interés por corregir desviaciones respecto de las reglas, se evalúa a las personas por el cumplimiento de las normas, se implementan mayores controles frente a los errores, se evita el conflicto, hay una tendencia a escribir más que a hablar, con poca comunicación.

Se estaría pasando a un tipo cultural anómico que genera incertidumbre y confusión, sensación de estar a la deriva, ausencia de objetivos y normas claras, interés por lo inmediato, indiferencia por el desempeño de la gente, falta de recompensa frente a los éxitos, falta de involucramiento, pérdida del entusiasmo, poca seguridad laboral, donde la preocupación principal de los empleados es evitar el despido, los conflictos se potencian y se desarrolla el llamado radiopasillo como mecanismo de comunicación informal.

El efecto que tiene sobre las arcas públicas es escaso: los cálculos más exagerados señalan que representa un 0,04% del PBI

Con las medidas tomadas quedamos mucho más lejos de un tipo cultural integrativo con gran interacción entre la gente y el trabajo en equipo, relaciones de confianza y respeto, sinergia, toma de riesgos y desafíos, alta preocupación por el desempeño individual y grupal, búsqueda de innovación, aprendizaje de los errores y comunicación de ida y vuelta.

Aunque creemos que no es necesario, igual vale la aclaración: no estamos de acuerdo con que los empleados públicos cobren por no trabajar, que no cumplan sus objetivos, que no se capaciten, que no se los evalúe, que no tengan posibilidades de progresar en la carrera, que no puedan concursar a cargos, entre otros temas a considerar.

Si realmente no queremos “ñoquis” en el Estado y no ponemos la excusa del exceso de gasto público (el 80% del empleo estatal está en las provincias y municipios, en las áreas de salud, educación y seguridad) debemos encarar reformas para potenciar a los trabajadores estatales y no denigrar a los que ya no están o no provocar angustia y depresión a los que continúan, evitando despidos indiscriminados, sin fundamentos y arbitrarios. Se deben buscar reformas que impliquen formación, estabilidad, profesionalización, concursos públicos transparentes y planificación estratégica para los trabajadores estatales.