-Las declaraciones generaron un inmediato pronunciamiento del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Departamento Judicial Mar del Plata, que expresó su “profunda preocupación” por los dichos del intendente.

A través de un comunicado, remarcaron que “el Estado de derecho exige respeto a la división de poderes y, en especial, a la independencia judicial”.

También subrayaron que el funcionamiento institucional requiere “apego estricto a los principios republicanos establecidos en la Constitución Nacional y Provincial, que contemplan mecanismos de revisión adecuados en caso de disconformidad”.

Montenegro había cuestionado que la decisión de la magistrada obligaba al municipio a adherir a la resolución del Gobierno bonaerense, con un costo estimado en “300 millones de pesos” para los contribuyentes locales.

“Es muy fácil decidir desde la comodidad de un sillón que los colectivos sean gratis. Ya aprendimos que, cuando algo no tiene costo para el usuario, siempre hay alguien que termina pagándolo”, sostuvo el intendente.