FENTANILO: PESE AL RECLAMO DE LOS FAMILIARES, EL OFICIALISMO VOLVIÓ A OBSTRUIR LA INVESTIGACIÓN DESDE DIPUTADOS

Se trata del santafesino Nicolás Mayoraz que, luego de una maniobra de Martín Menem para entregarle a su comisión la cabecera en el tratamiento del tema, decidió evitar hacer convocatorias para que no avance la intención de una amplitud de bloques -desde el Frente de Izquierda hasta el PRO-. 'Hasta la fecha se han presentado interferencias que han dificultado este camino', señalan los familiares de víctimas de fentanilo en una carta al diputado libertario, que preside la Comisión de Asuntos Constitucionales.

Hasta la semana pasada, la iniciativa fue tratada en la Comisión de Peticiones, que regularmente trata la creación de comisiones investigadoras. Su presidenta, Silvia Lospennato, planteó que Mayoraz le había prometido una convocatoria en la primera semana de septiembre y, tras incumplir su palabra, para la actual semana. No lo hizo en ninguna de las dos ocasiones. 'No hemos sido exitosos en que se nos haya contestado afirmativamente a los dos requerimientos que les hicimos', dijo en ese momento Lospennato.

La ausencia de convocatoria de la Comisión que usted preside retrasa la creación de la Comisión Investigadora', reclaman los familiares en su carta. La alternativa que está discutiendo la oposición en la Cámara de Diputados es el emplazamiento de la Comisión de Asuntos Constitucionales, que implica obligar a su presidente a convocar una reunión. La medida se haría extensiva a otra comisión investigadora, que revisaría las presuntas coimas en ANDIS, y se podría votar la próxima semana en una sesión especial.

La preocupación de los familiares de las víctimas también radica en que, en caso de constituirse, la comisión investigadora tendrá poco tiempo de operar hasta el recambio legislativo del 10 de diciembre, fecha que implicaría la disolución del espacio. Aún así, sostienen la expectativa de que Mayoraz convoque para la próxima semana. 'Confiamos en su compromiso con la transparencia, la justicia y la protección de la sociedad frente a la tragedia del fentanilo adulterado, y le agradecemos de antemano su colaboración para avanzar de manera urgente en este asunto de máxima prioridad', plantearon en su carta.

Por la causa han sido registradas más de 100 muertes distribuidas en instituciones sanitarias de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Formosa, Neuquén y Santa Fe, además de la ciudad de Buenos Aires. Los pedidos de los familiares no radican solo en dilucidar lo ocurrido, sino que el Congreso garantice la asistencia psicológica a los involucrados, la entrega de la historia clínica de las víctimas y un pedido de informes a los centros sanitarios involucrados.