Según pudo saber este medio, el enojo de los senadores de La Cámpora con respecto al nuevo armado de las comisiones, que tuvo como principal foco de discusión el corrimiento del cristinista Emmanuel González Santalla de la comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos (ACA), también tuvo su correlato en la Cámara de Diputados.
Desde los recovecos del recinto que conduce el kirchnerista Alejandro Dichiara, comentaron que Diputados aún no publicó el decreto que oficializa las comisiones dado que esperan los pasos a seguir de lo que suceda en el Senado. La idea de la Cámara baja es estirar la definición de los nombres en una sesión de presión para que Magario cambie la integración de sus cuerpos parlamentarios. De no suceder esto, desde el cristinismo se guardan la carta del decreto para contraatacar con un armado que, a priori, marginaría al Movimiento Derecho al Futuro de Axel Kicillof.
Lo cierto es que esta estrategia pareciera haber rendido frutos. Desde el bloque de senadores de Fuerza Patria les pidieron a las bancadas opositoras que remitan una nueva lista de legisladores para integrar las comisiones. La intención de esto es que cada sector político vuelva a nombrar a sus representantes, por lo que no se modificaría el reparto de presidencias, vices, secretarías y vocalías, sino que se cambiaría el dirigente al que le toca cada una de ellas.
En las últimas horas, La Libertad Avanza, el PRO y Hechos – UCR Identidad ya enviaron su nueva nómina, por lo que se estima que la definición por la flamante integración no pase de estas semanas. Con esto, el oficialismo se encargaría de darle respuesta al pedido de la oposición de rever algunos nombres, dado que parte de los bloques desertores de Gobernación habían quedado disconformes con el armado escrito por la Vigegobernadora.
Lo que resta por saber es si en ese reordenamiento se contemplará el pedido del kirchnerismo para volver a tener la comisión de ACA, que quedó en manos de la massista Malena Galmarini. Desde calle 6 fueron tajantes: Legislación General queda para el Gobernador, y la pelea por ACA y Presupuesto e Impuesto debe ser arreglada por el Frente Renovador y La Cámpora.
“Lo que está decidido es inamovible, quedan así las comisiones, salvo algún cambio menor si se pueden de acuerdo el kirchnerismo y el Frente Renovador”, sostuvo un legislador del MDF.
En rigor, en el decreto de Magario, Santalla fue removido de ACA y puesto en la comisión de Presupuesto e Impuestos, mientras que Galmarini quedó a cargo del cuerpo que se encarga de despachar los pliegos judiciales votados en el recinto, uno de los más deseados de todo el organigrama parlamentario. Esto beneficia directamente al Frente Renovador, que solo tiene tres alfiles en la Cámara alta, e indirectamente a Kicillof, que se sacó de encima el peso de La Cámpora.
Según denuncian desde el kirchnerismo, en el acuerdo peronista ese lugar les correspondía a ellos, algo que no habría sido respetado por la titular del recinto. Esta semana, en la primera audiencia de comisiones desde noviembre de 2025, La Cámpora hizo oficial su ofensiva de desconocer el decreto de Magario al abstenerse de votar al kicillofista Germán Lago como titular de Legislación General.
En efecto, en el Senado bonaerense cada una de las tres patas del peronismo se quedó con parte del tridente de comisiones más importantes: Kicillof con Legislación General, Massa con ACA y Cristina Kirchner con Presupuesto e Impuestos. Pese a blindarse la mayoría automática en los esos cuerpos, el rechazo del kirchnerismo hacia el armado parlamentario terminó por enfriar aún más las conversaciones del oficialismo.
Ahora, con la echada para atrás de Magario, los focos se posan en lo que sucederá con ACA, si es que la Vicegobernadora cede a las presiones de La Cámpora y ubica allí a González Santalla, o si se planta y reafirma la integración de aquella comisión. Esto a sabiendas de la amenaza del kirchnerismo de dejar pagando al Gobernador con las comisiones de Diputados. La realidad es que, mientras el peronismo sigue dirimiendo su interna en tantas instancias políticas encuentre, la Legislatura vive uno de sus arranques de actividad ordinaria más turbulentos desde el regreso de la Democracia.
En paralelo a la presión contra el Senado, Diputados baraja una fecha de sesión
Con la interna peronista latente y pese a que aún no se definió ninguna comisión, desde la Cámara de Diputados barajan la posibilidad de sesionar el próximo 28 de mayo, en lo que sería la primera audiencia ordinaria de este período legislativo. La única vez en el año que hubo actividad en el recinto fue en marzo, con la sesión especial por el Día de la Memoria.
El plan de Dichiara es publicar el decreto de las comisiones el próximo lunes, lo que dejaría un margen de una semana y media para que los 47 cuerpos se pongan en acción y comiencen a estudiar las largas pilas de expedientes cajoneados. Si bien es una obviedad que no se conformarán todas en ese lapso, las que sí lo hagan podrán sumar algunas iniciativas al temario de la hipotética sesión.
En Diputados la disputa por las comisiones, además de las discusiones del oficialismo, está congelada debido a la integración de dos cuerpos. Por un lado, hay tensiones por la jefatura de Reforma Política, en la que se discutirán temas como el desdoblamiento, PASO sí o no, la Boleta Única de Papel y las reelecciones indefinidas, nada más ni nada menos. En el Senado, esa comisión fue la única que no fue conformada por el decreto de Magario.
Pero el desacuerdo también se extiende a otro cuerpo tan novedoso, como relevante: la comisión de Juegos de Azar, Lotería y Prevención de la Ludopatía. El cuerpo que viene a atacar una problemática extendida en la provincia de Buenos Aires se creó en una sesión extraordinaria, el pasado 24 de febrero, unos días antes del discurso de Kicillof ante la Asamblea Legislativa.
En la Legislatura bonaerense, varios diputados y senadores aseguran que la burda demora obedece a que en el peronismo hay varios actores que juegan su propio partido en multi mega millonario negocio de las apuestas online. Algo de eso debe haber. Incluso, algunos de los consultados directamente apuntan al Gobernador.
