El proyecto de ley para modificar el esquema de alícuotas del impuesto a las Ganancias para las Sociedades permitirá sumar al Gobierno unos $120.000 millones a la recaudación, aunque distribuidos de manera tal que el mayor impacto sobre las arcas fiscales se sentirá recién en el 2022.


Así lo estimaron fuentes oficiales en diálogo con BAE Negocios, que detallaron el nuevo esquema propuesto para el pago del tributo por parte de las empresas.


La iniciativa, que busca tratarse en paralelo con la suba del Mínimo No Imponible para personas humanas a partir de los $150.000 brutos, reemplaza un texto que el Ejecutivo había enviado al Congreso en diciembre para frenar la reducción de la tasa del gravamen del 30% actual al 25% según estipulaba la reforma tributaria sancionada en 2017.


Las fuentes explicaron que en lo que respecta a las personas jurídicas, el Gobierno no tiene previsto cambios adicionales a los de este texto dado a conocer el jueves por la noche, mientras continúa trabajando para desarmar el impuesto a la renta financiera y a los Bienes Personales para los activos de este tipo. El objetivo oficial es que la recaudación de Ganancias por este concepto vuelva a niveles cercanos al 3% del PBI como era en 2015, desde el 2,7% actual.


De aprobarse el proyecto tal cual lo mandó el Ejecutivo, las empresas pagarán el 25% por su rentabilidad siempre y cuando esta no supere los $1,3 millones. A partir de esa cifra y hasta los $2,6 millones, abonarán un 30% sobre el excedente, es decir un máximo de $715.000. Por último, las ganancias que vayan por encima de los $2,6 millones afrontarán cargas por $715.000 más el 35% de lo que superen sobre ese piso.


Este mecanismo de escalas marginales "evita el incentivo a la subdeclaración, porque pasar de un tramo a otro solo da como resultado pagar la tasa más alta por el monto excedente y no por la totalidad como sucede con las tasas directas o plenas", según los considerandos del proyecto.


Lo cierto es que de esta manera, el tratamiento impositivo de las utilidades no quedará establecido por el tamaño de la firma, ya sea por facturación o número de empleados que es lo que usualmente se utiliza para focalizar programas para las pymes, sino que estará atado a la magnitud de las ganancias, independientemente de si la empresa en cuestión es grande o chica.


En ese sentido, el guiño del Gobierno al sector productivo es que incluso las grandes firmas que vieron afectada su rentabilidad por la pandemia podrán pagar por ejemplo una tasa del 25%, en caso de que no supere los $1,3 millones.


En el Ejecutivo estiman que de aprobarse el proyecto, del universo de 300.000 firmas que abonan el tributo, el 75% pagará menos, el 15% más y el 10% restante lo mismo que ahora.


El texto también propone reducir la tasa por la distribución de dividendos desde el 13% actual al 7%. Las fuentes consultadas argumentaron que los ingresos fiscales conseguidos por esta vía desde su creación son ínfimos, ya sea porque las empresas o bien no repartieron dividendos o bien lograron evadir el pago.


Según pudo saber este medio, el proyecto fue trabajado en conjunto con el de la suba del mínimo no imponible, por parte de Alberto Fernández, el presidente de Diputados Sergio Massa y el ministro de Economía, Martín Guzmán. Durante esas discusiones, el oficialismo calculó que la modificación de alícuotas a las empresas iba a dejar un saldo a favor de $120.000 millones que permitiría financiar una reducción del peso del tributo para las personas.


Las fuentes precisaron que de ese monto, sólo un tercio entrará en el ejercicio actual bajo la forma de anticipos, equivalente a unos $40.000 millones, que es en lo que se estimó el costo del proyecto de suba del MNI a trabajadores. Los restantes $80.000 millones ingresarían recién en el 2022.


En 2019, el impuesto a las Ganancias a las sociedades aportó cerca de 2,7 puntos del PBI en recaudación, en tanto el que rige para los asalariados dejó otro 2% del producto.