Según un relevamiento de ATE, al viernes 29 a última hora sumaban siete mil los trabajadores que habían sido notificados formalmente de su despido de alguna manera (a través de un correo electrónico o con telegramas). Sumadas las notificaciones informales, la cifra se elevaba a diez mil.

Entre ellos, por caso, se encuentra Lucas Berengua, técnico del Servicio Meteorológico Nacional que reviste bajo esa modalidad contractual desde hace 21 años y fue saludado por sus compañeros con cánticos y abrazos. O los 1300 despedidos de la Anses que se desempeñan en las Unidades de Atención Integral (UDAI) de todo el país, muchas de las cuales deberán cerrar sus puertas como resultado del despido de todo su personal incluidos trabajadores de planta permanente.

Un caso emblemático es el de la UDAI de Sauzalito, en el corazón del impenetrable chaqueño, que deja fuera del alcance de la seguridad social a miles de beneficiarios en situación de vulnerabilidad, obligándolos a recorrer hasta 200 km para acceder a la asistencia del Estado. Lo mismo puede decirse de los 1000 trabajadores despedidos del Instituto de Agricultura familiar, cuyas tareas de sostén y asesoría de la economía popular quedarán interrumpidas.

Detrás de los despidos en el Estado se alistan vulneraciones de derechos a los ciudadanos y servicios a la ciudadanía y el sector privado. Una mayor exposición de la población y el aparato productivo a las crecientes inclemencias climáticas, la precarización en la atención a las personas con discapacidades, o en las problemáticas de familia adolescencia y niñez, el deterioro de las estadísticas públicas como insumo clave para la toma de decisiones en materia de políticas públicas o, por caso, el virtual desmantelamiento del Cenard a meses del comienzo de los juegos olímpicos, son sólo algunos ejemplos.