Caso Banco Patagonia (Bariloche, enero 2025)
Una clienta, al intentar vender un sillón a través de Facebook, fue víctima de phishing. Los delincuentes obtuvieron sus credenciales bancarias, vaciaron su cuenta y contrajeron un préstamo a su nombre. El tribunal determinó que el banco no implementó las medidas de seguridad necesarias para resguardar a la clienta y ordenó:
- La devolución del dinero.
- Una indemnización por daño moral.
- La eliminación de su nombre del registro de deudores del Banco Central de la República Argentina (BCRA).
Caso Banco BBVA (La Plata, febrero 2025)
Una empresa sufrió una ciberestafa que involucró 18 transferencias no autorizadas y la obtención de un préstamo fraudulento. El fallo judicial señaló fallas en los sistemas de validación de identidad y seguridad del banco, ordenando:
- La anulación de las operaciones fraudulentas.
- Una indemnización millonaria a la empresa afectada.
- La aplicación de intereses y daños punitivos.
Estos casos reflejan una tendencia creciente en la jurisprudencia argentina, donde los bancos son considerados responsables por deficiencias en la seguridad de sus canales digitales. Antecedentes como los fallos contra Banco Santander en 2023 y Banco Galicia en 2022 refuerzan esta postura judicial.
La normativa vigente, especialmente la Comunicación “A” 7319 del BCRA emitida en 2021, establece la obligación de las entidades financieras de verificar la identidad de los usuarios antes de otorgar préstamos digitales, buscando prevenir este tipo de fraudes.
Recomendaciones para víctimas de estafas digitales
- Conservar todas las pruebas y no eliminar ninguna comunicación relacionada.
- Denunciar el incidente ante las autoridades competentes.
- Presentar un reclamo formal ante la entidad bancaria involucrada.
- Buscar asesoramiento legal si la respuesta del banco es insatisfactoria.
- Informarse sobre los derechos y la normativa aplicable en estos casos.
Es fundamental que los usuarios estén atentos y tomen precauciones al operar en el ámbito digital. Sin embargo, estos fallos judiciales subrayan la responsabilidad de las instituciones financieras en garantizar la seguridad y confianza en sus plataformas.
