Hasta mayo de 2025, se emitieron 15 Decretos de Necesidad y Urgencia que modifican la Ley de Ministerios, superando a todos los presidentes desde el retorno democrático. El caso más relevante es la eliminación del Ministerio del Interior, reducido al al rango de secretaría dentro de la estructura de la Jefatura de Gabinete.
Rediseño del organigrama
La transformación de secretarías en subsecretarías y la eliminación de direcciones es uno de los mecanismos de rediseño más utilizados por la actual gestión nacional. Con este tipo de medidas se busca una degradación institucional del área, generando una pérdida de autonomía para el desarrollo de políticas públicas. Al modificar las dimensiones de las áreas se logra una reducción presupuestaria, así como la supresión o transferencia de funciones.
Además, estos mecanismos se combinan con la disolución completa de grupos de trabajo consolidados, la alta rotación de funcionarios, la falta de designación de autoridades y los cambios en las prioridades de gestión.
En el centro del ajuste, el empleo público
Una de las medidas de reestructuración estatal más importantes, y aún vigente, es la reducción de la dotación de personal. Para ello, se acudió a distintos tipos de decisiones administrativas, como pases a disponibilidad del personal permanente, cancelaciones o no renovaciones de contrataciones, retiros voluntarios e invitaciones a renunciar o jubilarse en caso de corresponder por una cuestión de edad, congelamiento salarial e, incluso, la realización de un examen de evaluación de las capacidades del personal contratado.
Hasta mayo de 2025, se emitieron 15 decretos de necesidad y urgencia que modifican la ley de ministerios, superando a cada uno de los presidentes desde el retorno democrático
Esto condujo a una reducción significativa de la dotación de personal. En apenas un año, el Gobierno dejó de contar con 47.000 trabajadores de la APN. Los distintos testimonios relevados por los autores del informe muestran que este proceso se llevó a cabo sin un criterio definido.
Uno de los testimonios relevados por el informe es elocuente: “Se fueron personas con doctorados, con maestrías, con diplomaturas de datos, gente con especializaciones, abogados, que vos pensás: ‘¿Cuánto nos va a costar formar estos cuadros?’. Porque muchos habían sido formados por el propio organismo, generando la posibilidad de una carrera de especialización, mediante convenios con una universidad para generar becas, de manera gratuita. Vos los formaste y los perdiste, eso también es un perjuicio”.
En apenas un año, el Gobierno dio de baja a 47.000 trabajadores de la Administración Pública Nacional
Otro mecanismo implementado para acelerar la reestructuración de la administración pública fue la caída del poder adquisitivo real del salario de los empleados públicos. En solo un año, los salarios del sector público cayeron un 14%, teniendo como base de comparación noviembre de 2023. Desde inicio de la actual gestión, todas las paritarias para el sector público llevadas a cabo entre 2024 y 2025 cerraron por debajo de la inflación. Si se observa la caída en el salario promedio del empleo público, el informe destaca que la retracción fue del 19%.
La modernización todavía espera
En el plan de reforma del Estado se planteó la necesidad de modernizar los procesos e incorporar nuevas tecnologías de información. Sin embargo, a partir de los testimonios recolectados y analizados por el informe, se concluye que “no ha habido incorporación de nueva tecnología y en diversas reparticiones del Estado se habla de deterioro del entramado tecnológico existente”. Lo que se suma, a su vez, a un deterioro en las funciones de mantenimiento del patrimonio histórico y al debilitamiento general de la infraestructura estatal.
Nuevos paradigmas de las políticas públicas
Un aspecto relevante para comprender el cambio institucional propuesto por el Gobierno es qué tipo de políticas públicas se pueden generar en este contexto de reestructuración. El primer rasgo resaltado por los empleados públicos es el retiro del Estado del territorio y la desarticulación general a nivel federal.
Aplicando un enfoque de descentralización de funciones, el nuevo criterio se basa en que las operaciones y acciones públicas deben ser llevadas principalmente por las provincias y no por el Estado nacional. En consecuencia, se desactivó toda política que implique algún tipo de ejecución presupuestaria en territorio o interacción con otros actores.
Si se observa la caída en el salario promedio del empleo público, el informe destaca que la retracción fue del 19%
A modo de conclusión, los investigadores proponen una síntesis de los rasgos generales de las distintas medidas de reestructuración. La caracterización del proceso es categórica: la reducción del personal del Estado nacional se “desarrolló bajo un proceso caótico, sin ningún tipo de planificación, sin un análisis de las dotaciones óptimas o adecuadas para la gestión de las distintas áreas del Estado”, produciendo una parálisis de la gestión estatal “nunca antes vista por los entrevistados”, retirándose de la acción y coordinación federal e internacional y abandonando toda política pública que implique acción directa en el territorio, en un contexto de falta de dirección por parte de los funcionarios a cargo de las decisiones políticas relevantes en cada área.
Además, destacan que la reducción de la planta de trabajadores estatales no responde a criterios específicos de racionalidad o eficiencia; tampoco se tienen en cuenta los niveles de conocimiento y capacitación que, en gran parte, fueron pagados por el propio Estado a través de distintos planes de capacitación y, de esta manera, traban todo desarrollo y jerarquización de la carrera administrativa en distintas áreas.
