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El expediente fue girado a las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Asuntos Constitucionales. En sus fundamentos, los autores sostienen que la preocupación no radica en la visita de un empresario extranjero ni en el intercambio habitual entre el sector privado y funcionarios públicos, sino en las gestiones que, según afirman, habrían sido promovidas por el Poder Ejecutivo con actores privados vinculados al complejo tecnológico-militar de Estados Unidos, con un grado de opacidad que consideran incompatible con el control parlamentario.

Los diputados describen a Thiel como uno de los principales exponentes del nuevo complejo tecnológico-militar estadounidense. Destacan especialmente su vinculación con Palantir, compañía especializada en análisis masivo de datos e inteligencia artificial utilizada por organismos de seguridad y defensa, y advierten sobre la creciente participación de empresas privadas en funciones que tradicionalmente correspondían a los Estados.

Según el texto, en los últimos meses trascendieron acuerdos entre la Argentina y Estados Unidos en materia de defensa, cooperación tecnológica e inteligencia artificial que involucrarían a empresas relacionadas con el ecosistema tecnológico del empresario. Los autores vinculan esa situación con la importancia geopolítica que atribuyen al Atlántico Sur, la Antártida, los minerales críticos y la infraestructura tecnológica dentro de la estrategia hemisférica norteamericana.

Frade recuerda además que durante la sesión informativa del entonces jefe de Gabinete, celebrada el 29 de abril de 2026, consultó sobre las reuniones mantenidas por Thiel con el presidente Javier Milei y otros funcionarios, así como sobre eventuales contrataciones o acuerdos con Palantir u otras empresas vinculadas al magnate. La diputada afirma que las respuestas brindadas no esclarecieron ninguno de esos puntos.

En el proyecto se advierte sobre la posibilidad de que compañías asociadas a Thiel participen en iniciativas relacionadas con inteligencia artificial, procesamiento de datos, infraestructura crítica y sistemas de información del Estado, lo que, según los firmantes, exige mayores niveles de transparencia y supervisión institucional.

Los legisladores sostienen que la defensa de la soberanía nacional en el siglo XXI también comprende la autonomía tecnológica, el control de los datos públicos y la protección de la infraestructura crítica. Bajo esa premisa, consideran que el Congreso debe intervenir y ejercer controles sobre cualquier acuerdo que involucre áreas estratégicas del Estado.

Por esos motivos, el proyecto solicita que la Cámara de Diputados exprese formalmente su rechazo a la presunta injerencia de Peter Thiel en cuestiones estratégicas de la Argentina y lo declare persona “non grata”.