"Es un delito tomar una universidad como tomar cualquier edificio", expresó, a la vez que indicó: “El espacio para discutir los fondos universitarios es el Presupuesto 2025. Ese es el marco”.
En la misma línea, sostuvo: "Nos solidarizamos con la mayoría de los estudiantes que quieren ir a investigar, a estudiar, avanzar, y que nos los dejan así también con los docentes y no docentes que quieren tener una universidad funcionando".
Al respecto, aseguró que la Justicia deberá analizar si avanza con los potenciales desalojos de los edificios tomados por estudiantes, docentes y no docentes.
Por su parte, acusó a la vieja política de querer que “vuelva el caos” al asegurar que la Ley de Financiamiento Universitario afectaba al equilibrio fiscal, y apuntó contra los gremios docentes y no docentes que reclaman por mejoras salariales.
“Pese a la negativa de los gremios, el Gobierno otorgará el 6,8% al personal docente y no docente para el mes de octubre. Es decir prefirieron rechazar el aumento y habilitar la toma antes que aceptar el aumento y seguir trabajando para mejorar la situación”, anunció.
Además, agregó: “Es la misma vieja política que se niega a auditar las universidades, el 89% de los fondos transferidos entre 2015 y 2022 no fueron rendidos. Todos saben que para nosotros, los argentinos merecen saber qué se hacen con la plata que aportan de su bolsillo para pagar la educación de todos los estudiantes”.
En otro pasaje de la conferencia, el funcionario agradeció a los 85 diputados que acompañaron la decisión del Poder Ejecutivo y no descartó un nuevo evento celebratorio como fue el asado realizado en la Quinta de Olivos motivado por el acompañamiento al veto de la actualización jubilatoria.
“Los que nos acompañaron están viendo que más allá del equilibrio fiscal que es innegociable, que es política de Estado, así que la reflexión es que lo que pasó ayer fue entender lo relevante de eso”, destacó, y concluyó: “Romper con eso, implicaría que todos los argentinos seamos más pobres, que es lo que pasaba”.