Según la comunicación, la suscripción al nuevo bono será en pesos al tipo de cambio oficial correspondiente al día hábil previo a la fecha de licitación. La moneda de pago será en dólares y la amortización también será en la divisa estadounidense con la posibilidad de que sea «íntegra al vencimiento o con esquema de amortizaciones parciales, según se defina oportunamente». El título tendrá un plazo máximo de vencimiento al 31 de octubre de 2027 y mientras tanto devengará una tasa de interés del 5% anual.

El nuevo bono sólo podrá ser suscripto por los importadores de bienes y servicios con operaciones pendientes de pago y sólo hasta el monto de la deuda, previa verificación del BCRA.

El propósito del nuevo instrumento es reducir la deuda comercial por importaciones efectuadas y no pagadas. El monto involucrado en esa operatoria, que habitualmente ronda los U$S 30.000 millones, se duplicó producto de que el Banco Central dejó de entregar divisas y pidió a los importadores financiarse por su cuenta o pedir crédito a sus proveedores.

Los suscriptores pagarán el tipo de cambio oficial (800 pesos por dólar) y se desentenderán de lo que suceda con el tipo de cambio de aquí en más. Todavía está por verse si se habilitará un mercado secundario, para que los tenedores del bono puedan venderlo y hacerse de billetes con los que pagar sus deudas, o si sólo podrán ofrecerlo a sus proveedores del exterior para que estos tengan una promesa concreta de pago.

Para fundamentar la necesidad del Bopreal, el BCRA, que bien podría tener estadísticas propias, se basó en estimaciones privadas: en el comunicado de prensa que dio cuenta de las novedades citó un estudio de la Amcham (la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina) que sitúa ese monto pendiente en U$S 56.000 millones. En la calle Reconquista, argumentan que no están en condiciones de darles billetes a los importadores que quieren ponerse al día con sus acreedores y que al postergar su entrega hasta 2027 mejoran las cuentas de la entidad.

El anuncio despertó suspicacias porque la operatoria se parece mucho a los seguros de cambio implementados durante la dictadura militar, por el entonces presidente del BCRA, Domingo Cavallo. En noviembre de 1982, la entidad ofreció a las empresas privadas hacerse cargo de sus deudas al exterior a cambio de que entregaran su monto en pesos, para protegerlas de posibles devaluaciones futuras (que de hecho ocurrieron).

Según un informe del Museo de la Deuda Externa, que funciona en la sede de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, “en auditorías posteriores, se comprobó que la mayoría de los préstamos contraídos por las empresas privadas que generaron dicho monto, se trataban de meras registraciones contables entre las casas matrices y las sucursales radicadas en Argentina; es decir, auto-préstamos y maniobras fraudulentas. El periodista Alejandro Olmos (1924-2000) investigó la temática iniciando una causa judicial en la cual se pudieron acreditar 477 irregularidades en la deuda contraída durante la dictadura del Proceso, evidenciando el sustento y colaboración de los civiles en el gobierno de facto, consolidando la posición de los sectores dominantes más concentrados”.

La cuestión podría repetirse en la actualidad, aunque el monto involucrado sería el doble de los U$S 23.000 millones de deuda que estatizó Cavallo. Según la Amcham, el 59% de la deuda es intraempresaria, de las firmas locales con sus casas matrices en el exterior.

¿Auditoría o vaciamiento del Banco Central?

Mientras en círculos financieros ya se habla de las bondadosas características del Bopreal (bono dollar-linked con 5% de rendimiento asegurado, con un posible “put” o amortización anticipada), desde el sector político ya se alzaron voces contra las ventajas que el sector privado obtendría a expensas de un organismo oficial. “El neoliberalismo privatiza ganancias y socializa pérdidas desde 1976, en particular a través de la nacionalización de deudas privadas”, reflexionó el exembajador, senador y diputado nacional Eric Calcagno, sobre el trasfondo de la maniobra.

Hasta Carlos Rodríguez, exviceministro de Economía y marginado a último momento del equipo de gobierno de Javier Milei, fue crítico en sus redes sociales: “¿Puede que parte de esa deuda sea con falsas empresas exportadoras creadas por el mismo importador en el extranjero? ¿O sea, una maniobra para vaciar al BCRA? Merecerían por lo menos ser auditadas esas presuntas deudas'.

Nos preguntamos ¿por qué el BCRA tiene que refinanciar deudas del sector privado? El que le prestó y entregó la mercadería sabía el riesgo que tomaba. No es deuda del Banco Central”. No es justo que cuando el empresariado gana festeja en la bolsa de comercio y cuando pierde pagan los contribuyentes...