Cómo se reparte hoy la recaudación

Actualmente, alrededor del 38% de los impuestos coparticipables queda en manos del Estado nacional; el 61% se distribuye entre las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y el 1% restante corresponde a los Aportes del Tesoro Nacional (ATN).

Los ATN son transferencias discrecionales destinadas, en teoría, a asistir a provincias en situaciones de emergencia. En la práctica, suelen convertirse en una herramienta política: no están regulados por una ley específica, carecen de transparencia y permiten al Ejecutivo premiar aliados, contener opositores o presionar a gobernadores con urgencias financieras.

Inequidades y bloqueos para el cambio

La distribución actual exhibe marcadas desigualdades. La provincia de Buenos Aires, que concentra cerca del 39% de la población, recibe apenas el 20% de los fondos coparticipables. En cambio, Tierra del Fuego, con solo el 0,4% de la población, obtiene un 1,1% de los recursos.

“Los porcentajes son fijos desde 1988 y no tienen en cuenta el crecimiento demográfico ni la recaudación propia de cada provincia. Aquellas que crecieron poblacionalmente terminan recibiendo menos por habitante”, explica Guido Zack, economista y director del área de Economía de Fundar. Según el especialista, la reforma es casi imposible porque requiere unanimidad: “Todas las provincias deben aceptar y ninguna puede recibir menos de lo que tiene hoy”.

A las trabas técnicas se suman las políticas. Para Lara Goyburu, politóloga y directora ejecutiva de Management & Fit, “cualquier intento de cambio afecta intereses consolidados, y quienes se benefician del esquema actual tienen poder para frenarlo”. Además, sostiene que el Ejecutivo mantiene la fórmula vigente porque le da margen para combinar transferencias automáticas con giros discrecionales, evitando abrir un debate de fondo.

Federalismo condicionado

En épocas de bonanza, las provincias gozan de cierta previsibilidad. Pero cuando la economía se desacelera, la relación se vuelve más vertical: “En años de caída real, Nación marca la agenda y las provincias se ven obligadas a adaptarse. El federalismo termina funcionando de manera vertical, con menos autonomía de la que la Constitución promete”, señala Goyburu.

Las jurisdicciones con baja recaudación propia priorizan la liquidez inmediata y dependen casi por completo de la coparticipación, mientras que aquellas con recursos naturales o industrias fuertes pueden planificar a largo plazo y negociar en mejores condiciones.

Un consenso que parece lejano

Para Zack, la salida pasa por “una reforma integral que armonice impuestos y mejore la coordinación entre niveles de gobierno”, ya que el actual sistema tributario es “complejo, distorsivo y regresivo”. Goyburu, por su parte, ve en la coordinación horizontal entre provincias una posible vía para aumentar su poder de negociación sin pasar por el filtro de Nación.

Mientras tanto, el esquema de 1988 sigue vigente, reproduciendo inequidades y condicionando la autonomía de las provincias. El desafío no es menor: lograr el consenso político que permita modernizar una de las piezas clave de la estabilidad fiscal y de un federalismo real.