Según reporta Pilar a Diario, las intimidaciones comenzaron el 17 de junio, cuando apareció una carta manuscrita en un baño de la USAL que advertía sobre la supuesta colocación de explosivos en ambas instituciones. A partir de allí, se sucedieron llamadas al 911 los días 1, 11, 14 y 28 de agosto, y nuevamente el 8 de septiembre, lo que obligó a reiteradas evacuaciones y a la intervención de brigadas de explosivos de la Policía bonaerense. En todos los casos se confirmó que se trataba de falsas alarmas.

La seguidilla de amenazas no solo alteró la rutina de alumnos y vecinos, sino que también generó gastos operativos significativos para las fuerzas de seguridad.

El rector de la USAL, Carlos Salvadores de Arzuaga, recordó que la universidad se presentó como querellante en la causa para esclarecer los hechos, ante la sospecha de que podía tratarse de una maniobra organizada para intimidar a la comunidad educativa.

Amenazas

Tras la última serie de llamados, la investigación pasó a la órbita federal. Con tareas de inteligencia, rastreos tecnológicos y un allanamiento autorizado por el juez Adrián González Charvay, agentes de la Policía Federal lograron ubicar el teléfono desde donde se realizaron las amenazas.

Detención

El operativo concluyó en el domicilio de Salomón, donde fue detenido y se le secuestró el celular. Según la causa, el acusado no solo trabajaba en el traslado de alumnos a las universidades afectadas, sino que también fue quien informó por primera vez sobre la nota manuscrita hallada en junio en la USAL.