El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) y la Ley Omnibus no tienen respaldo contundente y hay puntos rechazados por amplia mayoría: el freno a la obra pública, el recorte en las jubilaciones, algunas de las privatizaciones. Pero el cuestionamiento es más de conjunto: a la intención de pasar por arriba del Congreso y al desmedido aumento de precios de los alimentos, la medicina prepaga, los combustibles, las tarifas del transporte público…

Gustavo Córdoba, de la consultora Zubán-Córdoba señala que“ningún gobierno tiene la vaca atada. Las mayorías son algo que debe ser fortalecido. Creer que el consenso que se logró en una votación es permanente, es el primer paso para cometer errores. Milei perdió un punto de imagen positiva por día y hoy ya hay una mayoría que opina mal de él”. 

Añade que sus medidas tienen niveles importantes de rechazo y hay una mayoría que votaría en contra en un plebiscito. El abuso de poder cae mal en la opinión pública de la Argentina, señala.

Los medios hegemónicos -televisión y los diarios Clarín, La Nación e Infobae, entre otros- están en una furiosa campaña pidiendo paciencia o tratando de estirarla con la excusa de que van “poco días de haber asumido”

El salto inflacionario producto de la devaluación y la liberación de precios está en pleno desarrollo y ambas medidas han llevado a un freno fuerte en el consumo en las últimas semanas de diciembre.Sin embargo, para los meses de verano vendrán los aumentos de tarifas del transporte y energía, que podrían alcanzar el 350 por ciento.

El ultraderechista presidente Javier Milei brindó un mensaje de fin de año en el que defendió el mega DNU que entró en vigencia el viernes, presionó a diputados y senadores para que aprueben la «ley ómnibus» en el Congreso y reiteró que el 2024 va a ser «duro». En su babitual tono apocalíptico, le advirtió a la oposición que si bloquea su programa de ajuste habrá una «catástrofe social de proporciones bíblicas”.

La preocupación por el ajuste y la intención de saltearse el Congreso pegan en su imagen. El gran interrogante es si la conflictividad social tenderá a agudizarse en forma rápida o a un ritmo más lento. El DNU y la Ley Omnibus no tienen respaldo contundente y hay puntos rechazados por amplia mayoría: el freno a la obra pública, el recorte en las jubilaciones, algunas de las privatizaciones. 

Con la Ley Ómnibus (LO) enviada al Congreso para su tratamiento en las sesiones extraordinarias de enero, se completa el escenario de la “guerra de clases” lanzada por Javier Milei y su gabinete. Suma una extraordinaria “delegación de poderes” que  vuelve decorativo al Congreso y un cambio en el sistema de elección de diputados que liquidaría la representación proporcional (y por lo tanto, a las minorías). 

De imponerse este plan, el bonapartismo libertario sería pleno. Ya varios bloques del propio sector oficialista anticiparon su oposición a los aspectos más burdos (como la delegación de poderes prácticamente irrestricta).

Los pobres analistas tratan de descifrar lo que vendrá: si es verdaderamente un plan a “todo o nada” ya que el mismo Milei amenazó -en otra bravuconada- con convocar a un plebiscito si el Congreso rechazara el DNU o la LO) o si calcula lograr que queden las partes más “sustanciales” además de las medidas económicas implementadas desde el “Caputazo”.

Ya empezó la hora del desguace en el Estado, con mil 500 despidos el primer día hábil del año.Hubo asambleas en distintos ministerios y las organizaciones no sólo buscan revertir los despidos sino detener los que vienen. La Ley Ómnibus modifica la Ley de Empleo Público en una suerte de pase a disponibilidad de toda la planta del Estado. 

Pero los golpes al bolsillo del ciudadano trabajador son continuos: Los alimentos se dispararon casi un 50% en diciembre, los combustibles subieron 152% en sólo 60 días, mientras el Ministerio de Infraestructura estableció que las tarifas de trenes y buses colectivos se incrementarán mensualmente de acuerdo con la inflación acumulada, más allá de la decisión de los aumentos que habrá por quita de subsidios. 

Las empresas de medicina prepaga informaron el incremento en los servicios que llegarán a más del 30 por ciento en febrero para acumular un 70% en la era Milei.

Las modificaciones introducidas en las tarjetas de crédito afectan a los usuarios de los plásticos y a los comerciantes que ofrecen este método de pago. Básicamente, se elimina el tope del interés que las compañías le aplican a quienes se demoran en pagar el resumen; a su vez, quita el tope que les cobran a los comercios cuando los consumidores las usan.

En la Ley Ómnibus aparecen beneficios más específicos al sector financiero internacional, minero y petrolero y perjuicios a vastos sectores empresarios por el aumento de retenciones a la industria automotriz y a sectores del campo, cambios en la gestión de la industria petrolera, apertura de importaciones y aranceles a las industrias del azúcar y el limón, entre otros. Pero estos sectores ahora perjudicados vienen de ser favorecidos por la devaluación.

La democracia ultraderechista

 El Gobierno pasó a retiro a 23 generales y premió a la Fuerza Aérea —clave en la disputa por los caza de EE.UU. y el rescate de rehenes de Hamás— con la Jefatura del Estado Mayor Conjunto. El golpe al Ejército y el rasgo autoritario de Milei alimenta las peores hipótesis entre los expertos como la necesidad de cuadros más dóciles para avanzar sobre las instituciones del Estado o en la venta y privatizaciones de las propiedades de las fuerzas.

Se trata de “el asesinato de la democracia” (Aram Aharonian dixit), porque un gobierno no es democrático por haber sido elegido por mayoría de votos. Milei justificó la dictadura, reclamó la suma del poder público y quiere prohibir desde el derecho de reunión hasta el de huelga: la resistencia ciudadana, los piquete, los cacerolazos (que ya sintió Milei tras las primeras medidas)… y paro nacional.

Es un presidente que piensa la política como propaganda, con una lógica tuitera que se convierte rápidamente en mentira. La contraposición de sentido en sus discursos lo expone. Donde grita “Viva la libertad, carajo” exige que el Congreso le delegue la suma del poder público por los cuatro años de su gestión.

Su portavoz Manuel Adorni asegura que el DNU y la Ley Ómnibus buscan sacar de las espaldas de la sociedad el peso del Estado, cuando lo que sacan es la protección del Estado frente a las grandes corporaciones que son las únicas favorecidas; se llaman “libertarios” y quieren limitar las reuniones de tres o más personas en la vía pública, como en la dictadura cívico-militar.