Una de las áreas a evaluar fue la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que actualmente está en el ojo de la tormenta por el supuesto pago de coimas para beneficiar a un laboratorio médico.
En ese entonces, la SIGEN advirtió que menos de un tercio de las contrataciones realizadas por la Agencia hasta el 7 de diciembre de 2023 -fecha de corte establecida- había sido sin licitación pública.
El 50,5% de esas contrataciones se había realizado de manera directa; el 31.7% a través de licitación pública; el 16,2% por legítimo abono; y el 1,4% mediante licitación privada.
En ese mismo informe, la SIGEN había advertido “escasa justificación de la necesidad y urgencia en la utilización del legítimo abono”.
El legítimo abono, como indica el Diccionario del control de El Auditor.info, es “el reconocimiento de gastos por parte de la Administración, tras haberse acreditado fehacientemente la entrega de un bien o la prestación de un servicio”.
¿Cómo se ubicaba la Agencia en comparación con otras áreas de la gestión? En un nivel más amplio y abarcativo de toda la administración pública, el mismo informe de la SIGEN destacó que, al 7 de diciembre de 2023, solo el 49% de las compras en pesos de bienes y servicios se realizaron por medio de la licitación pública, un 29% se rigió por contratación directa, 12% por legítimo abono y 10% a través de licitación privada.
La ANDIS se creó en 2017 como organismo descentralizado en la órbita de la Secretaría General de la Presidencia. En julio de 2024, mediante el decreto 585/2024, el Ejecutivo decidió que la Agencia pasara a depender del Ministerio de Salud.
Tiene a su cargo el diseño, coordinación y ejecución general de las políticas públicas en materia de discapacidad, la elaboración y ejecución de acciones tendientes a promover el pleno ejercicio de los derechos de las personas en situación de discapacidad y la conducción del proceso de otorgamiento de las Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral, entre otras acciones.
