La inflación que mide el INDEC es el resultado de un cálculo complejo llamado Índice de Precios al Consumidor (IPC), que sigue la evolución de los precios de una canasta de bienes y servicios representativos del consumo de los hogares urbanos. Esa canasta no surge al azar: se arma en base a los resultados de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo), que determina qué consumen las familias y con qué frecuencia.

En los últimos días, la renuncia de dos funcionarios clave del organismo, uno de ellos vinculado a una nueva medición del costo de vida aún no implementada, reavivó una discusión de fondo: ¿el INDEC subestima la inflación?

Juan Manuel Telechea, economista y docente, explica que uno de los problemas centrales está en los datos de base que se utilizan para calcular el índice. “El problema que tiene la medición actual, reconocido por el propio INDEC, es que los ponderadores que se usan para la medición del IPC son muy viejos y eso hace que se subestime la inflación”, señala. La canasta que actualmente sirve como base se construyó a partir de datos de consumo relevados entre 2004 y 2005. 

Damián Di Pace, periodista especializado en economía, coincide: “Los ponderadores actuales subestiman la importancia de rubros como servicios y sobreestiman otros que quedaron en el olvido, como el alquiler de DVD. Hoy hay una rigidez metodológica que no tiene en cuenta los cambios en los hábitos de consumo de los últimos 20 años”.

Esto genera una brecha entre la inflación oficial y la que percibe la población, sobre todo en contextos como el actual, donde servicios esenciales como luz, gas o transporte tuvieron aumentos fuertes y sostenidos. “Ese impacto en el bolsillo de la gente no está del todo contemplado en el IPC”, agrega Telechea.

Además, advierte que “la subestimación más fuerte se vio en los primeros meses del año pasado y ahora, con una inflación en torno al 1,5% o 2% mensual, no es tan grave". Y puntualiza: "Igual estamos hablando de unos 10 o 15 puntos de inflación que no se están midiendo correctamente”.

El relevamiento de precios que hace el INDEC es amplio: encuestadores recorren más de 16.000 comercios tradicionales y 500 supermercados en todo el país, además de contactar instituciones y empresas proveedoras de servicios. La información se procesa regionalmente, respetando las características de consumo propias de cada zona del país. Así, se elaboran seis IPC regionales que luego se combinan en un índice nacional. Sin embargo, el diseño de la canasta sigue anclado en hábitos de consumo de hace casi dos décadas.

La actualización con datos de la ENGHo 2017/2018 está lista, pero todavía no se implementó. Para Telechea, ese paso es urgente. “La medición del IPC se usa para ajustar las jubilaciones, para que los trabajadores negocien los aumentos en las paritarias y cualquier ajuste que se haga contra la inflación, entonces esto va a permitir que los números sean más fidedignos”, afirma.

Di Pace también resalta la importancia de actualizar. “Con los nuevos datos, la canasta estaría destinando entre el 30% y 40% de los ingresos a servicios esenciales, frente al 15% de la medición actual. Estamos en una sociedad que consume más servicios que bienes”, apunta. La ENGHo más reciente también permite una mayor desagregación regional, lo que ayudaría a reflejar con más precisión las diferencias entre áreas rurales y urbanas, o entre regiones con distinta dependencia de subsidios.

Pero no se trata solo de una cuestión técnica. El Gobierno nacional todavía opera con un presupuesto prorrogado de 2023, en un contexto de inflación acumulada muy superior a la proyectada en aquel momento. Para Telechea, esto agrava el problema: “Me parece que es sumamente contraproducente e inconsistente que el propio Gobierno no apruebe el presupuesto. El diseño de las políticas públicas requiere datos actualizados y realistas sobre el costo de vida”.

En ese sentido, Di Pace agrega: “Lo peor de no tener un presupuesto es que hay un desfasaje respecto de la estructura de gasto, que no permite una asignación eficiente de recursos. Para sectores críticos, no se puede medir ni focalizar el ajuste porque directamente no está presupuestado”.

Finalmente, el desafío es metodológico, pero también político y social. La actualización de indicadores sensibles como el IPC suele generar tensiones dentro del propio Estado, pero postergarla deteriora la confianza pública en los números oficiales. “Una canasta mal ponderada subestima o sobrestima el impacto real de los precios sobre la gente. Actualizarla le daría más representatividad y legitimidad al IPC, no solo desde lo técnico, sino también desde la percepción social”, concluye Di Pace.