La prevención y detección temprana de la violencia contra niños, niñas y adolescentes se puede encarar en las escuelas a partir de las respuestas de directores y estudiantes del último año de primaria a los cuestionarios complementarios de las pruebas Aprender 2021, regulación social que se agrega a la sanitaria y alimenticia en el quehacer educativo.


Epidemia silenciosa


Es que la escuela juega un rol clave en la detección y prevención de la violencia en los hogares, definida como una “epidemia silenciosa” con severas consecuencias en la salud mental y física de niños y adolescentes.


En las escuelas de gestión estatal, las provincias donde más directores declaran que tuvieron que intervenir en situaciones de violencia familiar son Tierra del Fuego (61%), CABA (55%), Jujuy (47%), Buenos Aires (46%) y Río Negro (43%).


A nivel nacional, el 32% de los directores de escuelas primarias de gestión estatal afirma que en el último año ha tenido que intervenir en casos de violencia familiar que afectan a sus estudiantes.


Uno de cada cuatro (26%) directores de escuelas privadas informan lo mismo.


En las escuelas de gestión privada, las provincias donde más directores dicen haber intervenido en este tipo de situaciones son San Juan (39%), Formosa (35%), Chaco (34%), Misiones (32%) y Santiago del Estero (31%).


De todos modos, el informe aclara que estas cifras no necesariamente indican mayor cantidad de casos de violencia, sino que pueden reflejar una mayor propensión de las escuelas a reportar y actuar ante las situaciones detectadas.


Ayuda


A nivel nacional, el 44,2% de los alumnos dice que los docentes les hablaron sobre cómo cuidarse y evitar el maltrato, mientras que un 28,2% declara que le gustaría tener más información sobre esto. 


A su vez, el 45,4% afirma que los docentes les hablaron sobre cuándo pedir ayuda a una persona de confianza.


El estudio subraya la necesidad de que el Estado garantice una red de apoyo más amplia que conecte a las familias con servicios que ayuden a mitigar los factores de riesgo (como comedores, centros de salud, programas sociales o subsidios habitacionales), para poder fortalecer el sistema de protección de los niños y adolescentes.