El documento fue desarrollado por el Área de Análisis e Investigaciones Interdisciplinarias de la PROCUVIN y se basó en reportes estadísticos oficiales del Servicio Penitenciario Federal (SPF). Además de presentar datos sobre la cantidad, distribución y cambios en la población referida a este grupo de mujeres, también expuso carencias estructurales y casos donde fueron vulnerados derechos.
En Argentina, los niños pueden permanecer con sus madres en prisión hasta los cuatro años. El informe advierte sobre los impactos negativos de esta convivencia en su desarrollo y en el vínculo con el entorno, y señala fallas en la preparación para la separación al alcanzar la edad límite, así como en la continuidad del contacto entre madre e hijo tras ese momento.
Entre 2015 y 2024, las cifras de mujeres embarazadas y madres con hijos en contexto de encierro reflejan variaciones. En 2017 fue cuando se registraron los valores más altos: 39 mujeres embarazadas, 43 madres conviviendo con sus hijos y 25 niños en cárceles. Durante 2020, en el contexto de la pandemia, hubo un descenso significativo de estos números y, para septiembre de 2024, se contabilizaron 10 mujeres embarazadas, 6 madres viviendo con hijos y un total de 6 niños en establecimientos del Servicio Penitenciario Federal.
Relevamiento en Ezeiza y en Salta
Para la confección del informe, la Procuraduría inspeccionó las condiciones de los pabellones destinados a mujeres y madres con hijos e hijas en dos cárceles federales: en el Complejo Penitenciario Federal VII de Ezeiza y en el Complejo Penitenciario Federal III de Salta.
Al momento de realizar el relevamiento, en el penal de Ezeiza había ocho mujeres embarazadas y cinco madres con un hijo o una hija cada una. Los pabellones presentaban mobiliario insuficiente, desperfectos en artefactos básicos, áreas recreativas limitadas, espacios exteriores inutilizados y deterioro en colchones, pisos y paredes. Además, se detectaron problemas en la atención médica, con falta de personal y equipamiento para el embarazo, puerperio y pediatría.
En tanto, en el Complejo de Salta, se encontraban tres mujeres embarazadas y una madre con su hijo. Aunque las condiciones de higiene y ventilación eran adecuadas, el mobiliario era mínimo y no había recursos adicionales. Las mujeres extranjeras señalaron dificultades para acceder a vestimenta e insumos básicos.
Marco normativo
El informe toma como referencia las Reglas de Bangkok de Naciones Unidas y la Opinión Consultiva 29/22 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ambos instrumentos promueven medidas diferenciadas para mujeres embarazadas y madres, priorizando alternativas al encarcelamiento, como el arresto domiciliario, para evitar el impacto negativo en los niños.
Las normativas mencionadas previamente insisten en el interés superior del niño, en la no aplicación de sanciones disciplinarias que impliquen separación familiar y en la provisión de condiciones adecuadas para la crianza en caso de convivencia en prisión. Además, proponen garantizar atención sanitaria integral para mujeres embarazadas y lactantes.
