Las fuerzas de seguridad no tienen permitido constitucionalmente realizar reclamos de tipo salarial. En el caso de la Policía bonaerense, cualquier ajuste en sus haberes está ligado a las negociaciones paritarias del sector estatal.

En ese marco, la semana pasada el gobierno de Axel Kicillof anunció un acuerdo con los gremios estatales y docentes para febrero y marzo, que contempla un aumento del 9% (7% en febrero y 2% en marzo).

Además, los expulsamos de la fuerza, fueron denunciados penalmente por incumplimiento de sus deberes. “Se enfrentan a graves consecuencias y esto ocurrirá con cualquier otro que intente o convoque una sublevación. Ser policía es una decisión y saben que no pueden actuar de esta manera, además de que están violando la Constitución”, expresaron fuentes del Ministerio de Seguridad, encabezado por Javier Alonso, en declaraciones a un medio porteño.

El aumento salarial recientemente anunciado también contempla mejoras en la compensación por uniforme para todo el personal y un incremento en el pago por servicio de Policía Adicional (Polad), destinado a los agentes que prestan servicio en sus días de franco.

Antecedentes

Las protestas dentro de la Policía bonaerense no son un fenómeno nuevo y suelen organizarse a través de la red social Facebook. “En el mismo perfil, se había llamado a una movilización para el 6 de febrero y no tuvo repercusión”, minimizaron fuentes cercanas al ministro Alonso.

Reclamo

Los ahora ex integrantes de la fuerza, circularon un petitorio con 13 demandas, entre las que pedían un incremento del 100% en el salario básico, mejoras en la cobertura de IOMA con convenios en clínicas privadas y la posibilidad de que los efectivos sean destinados a un radio no mayor a 50 kilómetros de su domicilio, entre otros puntos.