El Ejecutivo fundamentó la decisión en la necesidad de garantizar la libre competencia y proteger a los consumidores. La suspensión se mantendrá mientras se profundiza el análisis del impacto de la fusión.

Con esta medida, el Gobierno busca evitar distorsiones en el mercado y garantizar la transparencia en el sector de telecomunicaciones.

La decisión se tomó a través de la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía, luego de que semanas atrás se anunciara la compra.

El proceso de evaluación de los efectos de la adquisición notificada a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia exige el máximo rigor, respetando la normativa aplicable y los estándares internacionales, en atención a la relevancia que tienen las telecomunicaciones en el mundo actual.

Es por ello que, a partir de la recomendación formulada por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, se ha tomado la decisión de resguardar la transparencia y libre concurrencia del mercado mediante la medida preventiva hasta tanto se profundice el análisis de la operación notificada.

A través de la medida, el Gobierno dijo cumplir con su 'obligación de garantizar los derechos de los usuarios y consumidores, así como de defender la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados'.