Pocas personas conocen de primera mano la lista de pedidos por cargos y funciones que redactó Mauricio Macri al concretarse el llamado Pacto de Acassuso, dos reuniones en el living del ex presidente que sellaron el acuerdo que llevó a la victoria a Javier Milei en 2023.
Pero, son pocos los consultados que dudan en afirmar que uno de los pedidos principales fue la conducción de la AFIP para Leandro Cuccioli y su equipo que finalmente recayó en Florencia Misrahi, la abogada del estudio César Litvin y asociados y con pasado en la multinacional del agro, Cargill., sostenida en su cargo por el ministro de economía, Luis Caputo.
En medio de la reciente puja entre el PRO, conducido por Mauricio Macri y La Libertad Avanza en el Congreso por el rechazo al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que amplió en $100 mil millones los gastos reservados de la SIDE, tomó estado público, información fiscal muy sensible del presidente Javier Milei publicada en el diario La Nación que daba cuenta de facturas en papel, observadas por la AFIP, emitidas por Javier Milei y su posterior acuerdo con la agencia de recaudación a través de una onerosa moratoria fiscal.
LAS FACTURAS SIN CAI Y LA MORATORIA QUE EVITO PERJUICIOS MAYORES
En realidad, no se trata de un escándalo de proporciones astronómicas como nos tienen acostumbrados los llamados “políticos de la casta”.
Todo parece haber sido un error de Javier Milei en el año 2014, cuando no soñaba con ser presidente de la Nación ni encaramarse en luchas políticas electorales, y asesoraba a una de las empresas del Banco Provincia.
De acuerdo al artículo de La Nación, Milei le facturó a Provincia Seguro un total $120.383.868 entre 2012 y 2015 que se pagaron a través de cheques a nombre del economista o transferencias a una cuenta a su nombre en el Banco Supervielle. Sin embargo, la facturas cuestionadas serían unas 25 emitidas entre enero 2014 y octubre 2015, mes en el que Scioli disputó la primera vuelta presidencial contra Mauricio Macri.
El periodista Hugo Alconada Mon señaló que 'uno de los cuestionamientos de la AFIP se habría centrado en las facturas de papel que emitió Milei después de entrar en vigencia la obligación de consignar en cada factura el “código de autorización de impresión” (CAI), con posterioridad al 1 de noviembre de 2014'.
Bien, la controversia fue solucionada con el ingreso del economista libertario a una moratoria de la AFIP que no fue barata.
Milei abonó cerca de $50.000 por mes, cerca de 3.600 dólares al tipo de cambio oficial de fines de 2015, según dos allegados a los que el libertario expuso su situación financiera, que definió como “complicada”. En aquellos momentos, sus ingresos netos en Corporación América, el holding que lidera Eduardo Eurnekián, rondaban los 110.000 pesos por mes.
Esta historia del pasado financiero del presidente rozó su capital intangible con la sociedad. Su defensa de un Estado mínimo en contraposición a un Estado elefantiásico y presente en todos los aspectos de la sociedad, de la que ni el libertario más hecho y derecho pudo escapar.
LA AFIP Y SUS TESOROS INFORMATIVOS
¿Quién tiene la plata? ¿Donde? ¿Cómo le ingresa y cómo la gasta? ¿Cuánto se declara y cuánta se esconde? La AFIP es una de las oficinas del Estado que más saben de nosotros. En ocasiones, tiene más información de la que uno mismo recuerda a pesar de contabilizar y auscultar a la visera más sensible del hombre: el bolsillo, como afirmara el General Juan Perón.
Pero la AFIP no puede andar chismoseando por ahí acerca de la situación financiera de los ciudadanos. Más allá que la información que dejamos en Internet, que recopilan las agencias crediticias, el Banco Central y otros organismos son de índole pública.
La AFIP está obligada a mantener el más absoluto secreto de todo lo que llegue a su conocimiento en el desempeño de sus funciones, sin poder comunicarlo a persona, organismo o entidad alguna. Las declaraciones juradas, manifestaciones e informes que los responsables o terceros presentan a la AFIP, y los juicios de demanda contenciosa en cuanto consignen aquellas informaciones, son secretos fiscales. No obstante, el secreto fiscal no tiene vigencia cuando el requerimiento de información es formulado por un juez competente.
En el año 1933 la Ley 11683 consagró el secreto fiscal, determinando la reserva absoluta de los datos fiscales, pero con el correr de los años hubo excepciones a la norma.
En 1986 se permitió dar información a la Dirección General de Aduanas, la Comisión Nacional de Valores y el Banco Central de la República Argentina. Modificaciones normativas y diversas interpretaciones fueron cambiando el concepto de lo comprendido por el secreto fiscal.
LA INVESTIGACIÓN DE LA CASA ROSADA
Decíamos al comienzo que en la cima del poder libertario están preocupados por saber cómo se “filtró” esa información. Y, la lupa principal está puesta sobre la Dirección General de Recursos de la Seguridad Social que conduce Santiago Mozetic.
Mozetic no es un funcionario menor en el organigrama de la agencia recaudadora nacional.
Fue promovido por Florencia Lucila Misrahi desde Dirección de Legislación, en el ámbito de la Subdirección General de Asuntos Jurídicos a la influyente Dirección General de la Seguridad Social.
Para ello, se trasladó a la sede de la DGI al contador público Horacio Gustavo Muñóz, antecesor en el cargo al que accedió el abogado Mozetic, según consta en la Disposición Nº73 del 19 de junio pasado.
Los hechos fiscales expuestos de Milei se produjeron a fines del mes de agosto. Sin embargo, el gobierno tiene puesto mucho interés en la oficina de Mozetic puesto que trabaja sobre cinco expedientes sensibles que interesaron a las administraciones de Cristina Kirchner y Mauricio Macri.
Cinco expediente muy pesados y uno de mucha actualidad social, deportiva y electoral y que maneja Mozetic.
Las cinco causas que son de su interés y que involucran al Grupo Indalo de Cristóbal López y Fabián de Souza; al Grupo Bael; OCA y lo que quedó de su proceso de quiebra; Ciccone Calcográfica y a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
El 2 de julio se publicó en el Boletín Oficial un decreto que ordenó la reestructuración de la AFIP. NA, logró confirmar de distintas fuentes reservadas, que la oficina de Mozetic dejó ir a los 700 empleados que había previamente a la DGI y se fueron con decenas de causas y expedientes para fiscalizar, pero se reservó, para sus ojos, las cinco causas citadas que en la actualidad continúan en la dirección de seguridad social para su resguardo.
