A nivel mundial, ya son 1.460 millones de niños y niñas entre cero y 15 años que no reciben prestaciones básicas de protección social. Esta cifra, que aumenta cada año desde 2016, refleja una situación alarmante. Sin una protección adecuada, los niños y las niñas quedan más expuestos a la pobreza, las enfermedades, la falta de escolarización y la malnutrición.

Asimismo, tienen más probabilidades de ser víctimas del trabajo infantil y de las distintas formas de esclavitud moderna. Actualmente, en esta región hay 8,2 millones de niños y niñas entre 5 y 17 años que trabajan. En Argentina, esta situación alcanza a 1 de cada 10 niñas, niños y adolescentes menores de 15 años. La cifra se duplica en las zonas rurales del país, donde los niveles de pobreza y vulnerabilidad son mayores.

El escenario, además, se agravó como consecuencia de la Covid-19, que impactó en los mercados de trabajo y acentuó la fragilidad de los grupos más vulnerables. De hecho, la crisis provocada por el coronavirus marcó un retroceso en los avances que se habían conseguido a nivel global en la reducción de la pobreza infantil. Como respuesta a la crisis de la Covif-19, muchos gobiernos introdujeron nuevos programas de protección social o adaptaron con rapidez los que ya existían para apoyar a las familias. Sin embargo, la mayoría no hizo reformas permanentes para garantizar una protección frente a crisis futuras.

Por ello, de acuerdo con el nuevo informe, ningún país del mundo se encuentra en condiciones de alcanzar el Objetivo de Desarrollo Sostenible que apunta a lograr una amplia cobertura de protección social para 2030. En el caso particular de América Latina y el Caribe, la cobertura se redujo de 51 a 42%.

En Argentina, de acuerdo con estimaciones basadas en datos oficiales, más del 90% de las niñas, niños y adolescentes cuentan con alguna forma de cobertura del sistema de protección de ingresos. Sin embargo, persisten desafíos en torno a la universalidad, las inequidades y las distintas capacidades de protección de los subsistemas, asociadas a la condición laboral de sus madres y padres.

La pobreza infantil es un efecto directo, entre otros determinantes, de los déficits de trabajo decente de las familias. En Argentina, 9 de cada 10 niñas y niños en situación de pobreza monetaria viven en familias en las que al menos una persona adulta trabaja. El 76% de esas chicas y chicos pobres reside en hogares con personas adultas que tienen trabajos informales o relaciones laborales precarias. En este sentido, es clave promover la creación de más y mejores empleos para las personas adultas, asegurando condiciones adecuadas y trabajo decente.

Además, para reducir la pobreza infantil en todas sus formas, es necesario invertir en bienes públicos, servicios de salud y educación de calidad. Como indicó un informe reciente de Unicef sobre pobreza multidimensional, dos de cada tres niñas y niños de Argentina (el 66%) son pobres por ingresos o están privados en el ejercicio de derechos básicos, como el acceso a la educación, la protección social, a una vivienda o un baño adecuado, al agua o a un hábitat seguro.

Cuando se garantiza la protección social de los niños y las niñas, se les garantiza un derecho y se les brinda la oportunidad de desarrollar todo su potencial y contribuir de manera significativa a sus comunidades y a la sociedad en su conjunto. Sin embargo, cuando se les niega esa protección, se les deja en situación de vulnerabilidad y se perpetúa el ciclo de pobreza y exclusión.

No hay atajos para cumplir con esta meta. Solo existe el camino largo: una inversión adecuada en protección social universal para la infancia. Puede parecer costoso a corto plazo, pero es una inversión rentable para el futuro. Con estas prestaciones es posible mejorar el bienestar de la infancia y reducir los costos asociados con la pobreza, como la atención médica y la educación.

Es necesario que los gobiernos, las organizaciones de empleadores y los sindicatos, junto con los organismos internacionales, trabajen juntos para hacer frente a este desafío. Fortalecer los sistemas de protección social es una inversión ética y racional que nos sitúa en el camino correcto hacia el desarrollo sostenible y la justicia social, sin dejar a nadie atrás. Así, debemos actuar con determinación y compromiso para construir un mundo más justo y equitativo para la infancia y las generaciones futuras. Invertir en protección social universal para la infancia es invertir en nuestro futuro común.