Juntos renovó mediante expedienteD-15717/25 presentado la semana pasada, un reclamo que va a cumplir ocho años: información sobre la polémica concesión.

La Terminal fue posible gracias a la adhesión del Municipio mediante Ordenanza 2227 del año 2009, a la Ley 13810 de iniciativa privada. La siguiente ordenanza, 2228 declaró en su artículo 1 de Interés Público a la obra de la terminal, de acuerdo al expediente 8488/09 (por 45 millones de pesos de inversión); en su artículo 2 designa a Néstor Emilio Otero como iniciador y en el artículo 3 autoriza al departamento ejecutivo a realizar el llamado a licitación pública para el “proyecto de obra, operación, explotación comercial y administración de la nueva Terminal de Omnibus de media y larga distancia..” contemplando un plazo de concesión de 30 años, la realización de un estudio de Impacto Ambiental y un régimen de penalidades.

Erneta y Barrera, juntos por las omisiones

Cabe destacar que el desaparecido expediente 8488/09 se inicia con una nota del entonces intendente Jorge Rodríguez Erneta fechada el 22 de abril de 2009, mediante el cual eleva el expediente del Departamento Ejecutivo 255/09 para declarar de interés público la obra e iniciador de la propuesta al señor Néstor Emilio Otero, y solicita facultar al DEM para realizar el llamado a licitación pública.

Según el expediente HCD D-8488/09, a folio 13 el oferente se compromete a un plazo de construcción de 36 meses, pero con una terminal operativa a los 24 meses. Así las cosas. La terminal debió estar terminada y en funciones en el año 2012. Se puso en funciones en el 2017.

La oferta edilicia incluyó , según folio 25, en la propuesta votada a 42 locales comerciales, 3 áreas gastronómicas, 32 boleterías, 45 plataformas de embarque, torre de control y otros accesorios.

En cuanto al valor aprobado para la obra por el concejo, aparece en la foja 35 del extraviado expediente: $ 45.525.700 es la inversión total ofertada por el iniciador.

Si bien esos fueron los parámetros del oferente, el Departamento Ejecutivo de aquel entonces aprobó la licitación por un tercio de lo votado: de 45 millones se aprobaron 15, según ordenanza 2228, pero se mantuvo insólitamente el plazo de explotación de 30 años, en beneficio de Otero, un empresario que por entonces ya se lo mencionaba como vinculado a favores del kirchnerismo.

Así las cosas, el extravió del expediente, que el Concejo le reclama al intendente Barrera desde el hace siete años no parece inocente: allí están las pruebas de que la reducción a un tercio entre la oferta realizada y la aprobada no tuvo el correspondiente correlato con el plazo de explotación, que proporcionalmente debería ser de 10 años.

Para el radicalismo algo está claro: si la obra hubiere cumplido los plazo debería haber estado terminada en el 2012, por lo que el vencimiento de la concesión ya estará operado.

Si bien el entonces intendente era Jorge Rodríguez Erneta, cabe destacar que el actual intendente Gustavo Barrera participó de las sesiones que aprobaron la iniciativa y la oferta final, que se reflejan en actas 691, del 13 de enero del 2009 y acta 700 del 10 de junio del 2009.