Además, dispone que los bancos deben considerar la situación de aquellas familias que acrediten que el importe de la cuota a abonar supera el 35% de sus ingresos y aplicar ese tope para el pago de las cuotas.

A esto último, el sistema financiero puso desde su implementación, innumerables trabas a quienes solicitaban este beneficio: desde papeleos interminables y desgastantes, hasta respuestas que incumplen claramente con la normativa, como ofrecer la extensión del plazo del crédito.

Arbitrariamente, el decreto aumenta la relación cuota / ingreso, ya que al momento de calificar para acceder al crédito la cuota no podía superar el 25% de los ingresos. La voracidad de los bancos no tiene límites y el Estado lo avala.

Lejos de ser beneficioso para los hipotecados, estos supuestos “alivios” se han transformado en más deuda, ya que las diferencias tanto por convergencia o por tope de cuota, son convertidas a UVA y refinanciadas a pagar a partir de la finalización del crédito, extendiendo así la agonía del deudor.

Para las familias que “milagrosamente” lograron acceder a ese beneficio del tope del 35% en la cuota, el 31 de julio es la fecha límite….

¿Y después qué pasa? Tendrán que pagar la cuota completa, así sea el 100% de sus ingresos. Y si no pagan 3 cuotas consecutivas, el banco está habilitado sin intermediación judicial a ejecutar la vivienda.

Esta verdad así de cruda es una bomba de tiempo que va a explotar muy pronto: el fantasma de las ejecuciones ya es una realidad que sobrevuela los hogares de miles de familias en todo el país, que no pueden afrontar el pago de las cuotas.

Es insostenible e inviable un crédito que indexa en forma diaria según la inflación, que los diferentes gobiernos han demostrado no poder contener, y que ya ha impactado en el aumento de más de un 600% del capital solicitado y de la misma forma en la cuota.

Nuestros legisladores tienen una deuda impostergable con las familias que hacen lo imposible por no perder sus hogares y siguen pagando la usura uva: el tratamiento de los proyectos de ley sobre nuestra problemática que hoy duermen en los cajones de las distintas comisiones del congreso.

Es URGENTE una ley que nos permita pagar sin usura, hipotecas justas, previsibles y sostenibles en el tiempo.