La entrega inicial de USD 12.000 millones —inusualmente alta—, el anuncio anticipado del acuerdo por parte del gobierno argentino antes de la votación oficial, y la rapidez del proceso generaron sospechas dentro del Fondo. “Algunos se quedaron con la sensación de que la decisión estaba más impulsada por la política que por las políticas públicas, sembrando la preocupación por el precedente que se ha sentado”, citó Bloomberg, a partir de fuentes con conocimiento directo de las discusiones, que pidieron reserva.

Una de esas señales inusuales fue el almuerzo del 1 de abril, convocado apenas 24 horas antes, donde la dirección del FMI reveló a los presidentes del directorio ejecutivo el monto que se proponía: USD 12.000 millones en el primer desembolso. Según dos personas presentes, algunos de los asistentes interpretaron el encuentro como un intento de la conducción de forzar el apoyo al programa, a pesar de las reservas existentes.

Argentina, bajo la presidencia de Javier Milei —a quien Donald Trump describió como su “presidente favorito”, recordó la agencia—, logró revertir ciertos indicadores macroeconómicos que el FMI valora. El déficit fiscal se redujo 5 puntos del PBI, la inflación cayó por debajo del 3% mensual en febrero (fue de 3,7% en marzo) y la pobreza bajó del 53% al 38%. Esos avances fueron claves para justificar el acuerdo, aunque no disiparon las dudas.

Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo, declaró que “esta vez hay determinación para encarrilar la economía” y aseguró que el país “no está solo”. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, reforzó ese respaldo. Durante las reuniones de primavera del FMI y el Banco Mundial, elogió el plan argentino como un “modelo para otros países” y deslizó la posibilidad de una línea de crédito directa desde Washington.

“El FMI debe exigir a los países que rindan cuentas por la aplicación de las reformas económicas. Y a veces, el FMI tiene que decir ‘no’”, advirtió Bessent. Sin embargo, en el caso argentino, el costo político de frenar el acuerdo habría sido demasiado alto, según una fuente citada por Bloomberg. Otra voz, no obstante, negó que hubiera existido presión.

Las objeciones internas no se limitaron a la cifra inicial. También se discutieron la falta de apoyo político en el Congreso argentino —Milei firmó un decreto para evitar una votación legislativa—, la velocidad del proceso y el riesgo de que los fondos se destinen a sostener el peso, algo que Bessent minimizó: “El gran fondo del que dispone ahora Argentina reduce la posibilidad de que tenga que intervenir para sostener la moneda”.

Las críticas apuntaron también a la lógica de refinanciar pasivos previos. Brad Setser, ex funcionario del Tesoro de EE.UU., advirtió: “El Fondo aumenta su exposición cuando el peso está claramente sobrevalorado y el país está pagando bonos. Parece que el Fondo se está posicionando, de facto, como un acreedor junior”.

El vocero del FMI, Julie Kozack, defendió la operación: “El Directorio Ejecutivo respalda los procesos en función de la evaluación técnica del personal”. Agregó que el acuerdo “refleja la sólida trayectoria de las autoridades”. No obstante, el telón de fondo muestra un organismo dividido, atravesado por tensiones geopolíticas y bajo la presión de una Casa Blanca que busca resultados visibles antes de la revisión de su participación en organismos multilaterales, reveló Bloomberg.

A los pocos minutos del anuncio del FMI, Argentina recibió la promesa de otros USD 22.000 millones en asistencia del Banco Mundial y del BID. Para algunos en el Fondo, se trata de un aluvión de recursos que contrasta con la prudencia que se exige a otros países en circunstancias similares.

El préstamo récord aprobado en 2018 durante el mandato de Mauricio Macri aún pesa. El FMI todavía no ha recuperado los USD 41.000 millones que desembolsó entonces. Aquel programa terminó en fracaso y abrió la puerta al regreso del peronismo.