Entre los argumentos que presentaron para pedir que los dejen presentarse en San José 1111 sin previo aviso ni autorización judicial se enfocaron en el 'mandato de representación popular' de los legisladores, 'facultades privativas del Poder Legislativo', 'inmunidades parlamentarias', la 'división de poderes', 'precedentes y dignidad humana', 'relevancia institucional y política de Cristina' y el 'rol de los partidos políticos'.

Junto con esa presentación, los abogados de la ex presidenta, Alberto Beraldi y Ary Llernovoy, le pidieron al tribunal que aclare cuál es el criterio que se iba a establecer para las visitas de diputados y senadores nacionales ya que por su rol tienen fueros e inmunidades parlamentarias.

Gorini hizo lo que viene haciendo como mecanismo de la persecución contra la ex mandataria y calificó como “manifiestamente impertinente” el planteo realizado. También les aclaró que deberán canalizar todas las solicitudes a través de los abogados de CFK.
“Se advierte que los solicitantes pretenden que se establezca y adelante un criterio judicial sobre circunstancias futuras, extremo que resulta manifiestamente impertinente al exigir, en alguna medida, que el tribunal se expida en abstracto sobre cuestiones cuyos pormenores de momento desconoce”, escribió el tribunal de un solo juez, que además sostuvo que el pedido de aclaración se hizo fuera de plazo.

También recordó que ya se aclaró la semana pasada en la causa que las visitas -por fuera de los familiares, médicos, abogados y custodios- debían pedir autorización. “Presentadas que sean por los letrados las solicitudes pertinentes, en la forma de estilo y habitual, serán atendidas con la diligencia que cada caso amerite”, repitió Gorini.
La discusión judicial por las visitas a Cristina Kirchner continuará, ya que la defensa planteó que no debe tener ningún límite con pedidos de autorización porque no hay ninguna normativa que así lo establezca y le pidió al tribunal que reconsidere su decisión. El planteo fue rechazado y la defensa lo apeló.

Esa apelación fue aceptada y llegó a la Sala IV de la Cámara Federal de Casación que analizará el régimen de visitas que se le impuso a su prisión domiciliaria. Para eso, los jueces de Casación Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña convocaron a una audiencia para el próximo 7 de julio a las 12 horas para escuchar los argumentos de las partes. Luego de eso quedarán en condiciones de resolver.

Casación podría intervenir en otras apelaciones de la causa. Por un lado en el propio otorgamiento de la prisión domiciliaria. Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola se habían opuesto a que se la concedan y están en plazo para apelar. Por otra parte, la defensa de la ex mandataria puede hacer lo mismo con la decisión del tribunal oral que le colocó una tobillera electrónica.