Este modelo social se consagró como un tratado internacional al que Argentina suscribió en 2008 en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y se le reconoce jerarquía constitucional.

ANDIS, explica que “la Convención expresa que los derechos para las personas con discapacidad tienen que ser progresivos y no regresivos. Es decir, una vez que ya se avanzó, los derechos alcanzados se tienen que consolidar y no se puede volver para atrás. Además, pide que haya un organismo independiente con jerarquía, capacidad técnica, política y financiera para implementar un trabajo transversal”.

Por su parte, la actriz Valentina Bassi, quien se involucró en la lucha a partir del caso de su hijo, Lisandro, que tiene Trastorno del Espectro Autista (TEA), se convirtió en una voz autorizada. “Hace mucho tiempo la discapacidad dejó de verse como enfermos a ser curados”, dice a El Auditor.info.

“Además de terapias de rehabilitación, una persona con discapacidad necesita accesibilidad, transporte, educación y poder tener un trabajo. Muchas están en condiciones de trabajar, pero no consiguen que las contraten por limitaciones en infraestructura y accesibilidad, y ahí es donde son necesarias políticas públicas integrales que brinden soluciones concretas”, cuenta Bassi y explica que la mirada médico-asistencialista no puede brindar tal acompañamiento.

En septiembre de 2025 se sancionó la Ley 27.793, que declara la emergencia en discapacidad en todo el país hasta el 31 de diciembre de 2026, con posibilidad de prórroga, aprobada por insistencia del Congreso tras el veto presidencial. La norma establece una serie de medidas urgentes de protección social, salud, inclusión laboral y financiamiento para personas con discapacidad y prestadores de servicios del sistema de atención integral.

Además, crea la Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social, compatible con el trabajo formal y obliga al Estado a actualizar aranceles y garantizar un financiamiento adecuado.

Recientemente, la Justicia intimó al Gobierno para que cumpla con la ley, ya que desde su sanción no se ejecutó ningún aumento ni política favorable en materia de discapacidad. Desde la sanción de la norma, el Ejecutivo solo decidió cerrar la ANDIS y trasladarla a la órbita del Ministerio de Salud, en medio de la investigación por presuntas coimas en discapacidad.

Ante la presentación de un recurso de amparo judicial, el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, a fines de diciembre de 2025 otorgó al Gobierno nacional un plazo de cinco días hábiles para cumplir la ley de emergencia en discapacidad. De lo contrario, comenzaría a aplicar multas a los funcionarios con la posibilidad de ser denunciados penalmente por desobediencia judicial.

La respuesta del Gobierno llegó el último día hábil mediante la presentación de un escrito en el que se se compromete a comenzar a aplicar la ley. No obstante, las organizaciones del colectivo de discapacidad reclamaron que el Gobierno no presentó un proyecto de decreto reglamentario ni precisiones sobre el eventual aumento del valor del nomenclador que se utiliza para establecer el valor de los servicios de apoyo y prestaciones básicas.

Galarraga suma que “no solo se asfixia a las instituciones desde el financiamiento de las prestaciones y el virtual congelamiento del nomenclador (solo tuvo un movimiento en el año 2025 para capear la crisis política antes de las elecciones), sino también mediante la presión fiscal”.

¿Qué son las prestaciones básicas?

“Las prestaciones básicas son los tratamientos que tiene que hacer una persona con discapacidad”, define Bassi.

En un porcentaje alto, las pagan las prepagas y las obras sociales de quienes tienen un trabajo registrado. Bassi da un ejemplo para explicar cómo se financia. “De cada cuatro pesos, tres los pagan las obras sociales y las prepagas, y un solo peso lo paga el Estado para quienes no tienen cobertura de esa índole”, dice. Para esas personas se creó Incluir Salud, a cargo del Estado y manejado por la ANDIS, foco de la acusación por corrupción y presuntas coimas.

Bassi infiere que “la disolución de la ANDIS puede llegar a esconder pruebas y situaciones que pudieran hacer avanzar la causa por corrupción contra el Gobierno”.